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TRIBUNALES BRUGAL

Tribunal resolverá en sentencia peticiones de acusados de nulidad de pruebas

El tribunal de la Audiencia de Alicante que juzga las presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja resolverá en sentencia las peticiones de prescripción y nulidad de diferentes pruebas, como intervenciones telefónicas o registros, planteadas por las defensas de los acusados.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 15:12

El tribunal de la Audiencia de Alicante que juzga las presuntas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja resolverá en sentencia las peticiones de prescripción y nulidad de diferentes pruebas, como intervenciones telefónicas o registros, planteadas por las defensas de los acusados.

Esta causa es una de las veinte piezas separadas del 'caso Brugal' iniciado a cuenta de las supuestas anomalías en la concesión de la contrata de recogida de la basura del municipio de Orihuela (Alicante).

El proceso sobre el Plan Zonal, que incluía la construcción de un vertedero para los 27 municipios de la Vega Baja, se dirige contra el expresidente provincial del PP y de la Diputación de Alicante Joaquín Ripoll, los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll y otras diez personas, entre las que figura la exalcaldesa de Orihuela por el PP Mónica Lorente.

"Dada la complejidad jurídica de las cuestiones planteadas, este Tribunal considera lo más conveniente diferir la solución de todas las cuestiones de nulidad planteadas por las defensas al momento de la sentencia", precisa la Sala, según han informado este viernes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El juicio por esta pieza separada del denominado 'caso Brugal' comenzó el pasado 2 de noviembre en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, en Elche, con las sesiones dedicadas a cuestiones previas, y deberá reanudarse el próximo 18 de enero con el interrogatorio de los trece acusados.

La Fiscalía Anticorrupción solicita provisionalmente penas que oscilan entre los tres años y medio y los 17 años de cárcel por delitos de cohecho, revelación de información privilegiada, prevaricación, fraude, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.

En su auto, la Sección Séptima de la Audiencia desestima, en este momento procesal, la prescripción de la causa alegada por uno de los encausados, así como la nulidad radical de las actuaciones y la nulidad de las resoluciones que acuerdan intervenciones telefónicas y entradas y registros.

También rechaza en esta fase del juicio eliminar de la causa un informe policial sobre el patrimonio del expresidente de la Diputación de Alicante, como pedía su defensa, y dictamina que será objeto de la prueba que se practique en el plenario y analizado y valorado con posterioridad en sentencia.

El Tribunal ha dictado otros dos autos. En el primero de ellos admite las pruebas documentales, testificales y periciales solicitadas por Fiscalía y defensas, mientras que en el segundo rechaza la introducción de un nuevo apartado en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público sobre el beneficio pretendido por los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

Los magistrados señalan que esa modificación debe ser realizada por el Ministerio Público en el trámite correspondiente. EFE

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