La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, ha destacado la falta de personal en el Consejo de Transparencia que en el ejercicio de 2017 ascendía a 19 personas cuando este organismo considera que su plantilla debería llegar a los 56 trabajadores.

En su comparecencia ante la Comisión Mixta del Tribunal del Tribunal de Cuentas para presentar el informe de fiscalización sobre este el Consejo, María José de La Fuente ha explicado que esta falta de personal ha condicionado cualitativamente y cuantitativamente el ejercicio de sus funciones.

Del mismo modo, ha señalado que la vacante de la presidencia desde el mes de noviembre de 2017 a octubre de 2020, junto con la falta de renovación de los puestos en las vocalías durante más de tres años, han provocado que el Consejo de Transparencia no pudiera reunirse con la periodicidad fijada por falta de quorum.

De este modo, la falta de adecuación a los estatutos establecidos provocó que las composición del Consejo de Transparencia quedara limitada a tres miembros, de los siete previstos, lo que afectó a la operatividad del órgano que dificultó, entre otros aspectos, la toma de decisiones.

Por otro lado, el informe ha reflejado que las cuentas del organismo representan la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial y del resultado de sus operaciones y ejecución de su presupuestos, salvo por dos excepciones por el incumplimiento de los principios y criterios contables.

La primera de ellas hace referencia al balance del valor mobiliario que fue cedido al Consejo por el entonces Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliario del Patrimonio.

La segunda salvedad está relacionada con la falta de activación del valor del equipamiento y de las aplicaciones informáticas recibidas a través de un convenio de colaboración suscrito con la Administración General del Estado.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas ha destacado que Consejo cumple con carácter general la ley de Transparencia, excepto a lo referente la información institucional y económica publicada, fundamentalmente en las áreas de contrataciones y subvenciones.

Esto se debe, según la presidenta del Tribunal, a la carencia en el desarrollo reglamentario de la normativa que ha afectado, entre otros aspectos, al ejercicio de control del cumplimiento de publicidad que debe hacer el Consejo. EFE