Los ex secretarios generales del PP Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas y María Dolores de Cospedal han negado en la Audiencia Nacional la existencia de una caja b en el partido o haber recibido sobresueldos irregulares y han asegurado que todas sus retribuciones estaban declaradas a Hacienda.

Los tres han comparecido este martes como testigos en el juicio por el presunto pago en negro de la reforma de la sede del PP a petición de las acusaciones y lo han hecho por videoconferencia, salvo Álvarez Cascos, que ha acudido a la sede que el tribunal tiene en un polígono de San Fernando de Henares (Madrid).

"Yo jamás he conocido ni manejado ni creado ninguna caja b", ha manifestado Álvarez Cascos, secretario general de 1989 a 1999, en la época del expresidente del Gobierno José María Aznar, que a su vez declarará mañana como testigo junto a Mariano Rajoy.

Tanto él como Javier Arenas (1999-2003) han rechazado la veracidad de los apuntes que el extesorero del PP les atribuye en sus famosos papeles e incluso este último ha sugerido que en el partido podría haber otro Javier Arenas al que se refieran anotaciones como "jar" o "javier arenas", aunque ha precisado no tener constancia de ello.

Los tres han negado tener enemistad con los acusados, fundamentalmente con Bárcenas, que se enfrenta a cinco años de prisión en este juicio, aunque Cospedal, que en un principio ha afirmado que no guardaba animadversión hacia él, ha terminado admitiendo que sentía "desprecio" hacia "esta persona", como lo ha estado nombrando para evitar pronunciar su nombre.

La secretaria general entre 2008 y 2018 ha sido tajante con respecto a la caja b o los supuestos sobresueldos procedentes de donaciones de empresarios. "No admito que haya ese sistema de pago de sobresueldos", ha aseverado y ha indicado que esa "supuesta contabilidad" en b sería de "quien fue gerente o tesorero del PP" (Bárcenas), pero no del PP.

Como sus antecesores, Cospedal ha defendido la legalidad de las donaciones que el partido recibía y ha recordado que desde 2007, un año antes de ser nombrada, la ley prohibió las anónimas: "Le tengo que decir que yo nunca he conocido que se hicieran donaciones que no fueran regulares al PP".

Antes que ella, Álvarez Cascos ha rechazado ningún tipo de connivencia del partido con empresas contratistas y la administración pública mediante esas donaciones, porque "ni el ministro ni el Consejo de Ministros fueron órganos de contratación".

Y aunque orgulloso de "haber formado parte del Gobierno que puso fin a esas practicas", ha lamentado: "Ahora resulta que los que hemos formado parte de este Gobierno estamos bajo sospecha".

Álvarez Cascos ha sido interrogado acerca de dos supuestas entregas de 10 y 4 millones, que, según los papeles de Bárcenas, él habría hecho en 1994 y 1995, respectivamente, y que procederían de donaciones de empresarios; anotaciones que, ha dicho, "nada tienen que ver" con él. "Ni he recibido ni he entregado cantidad alguna cuando he tenido responsabilidades en el PP", ha sido su respuesta.

Arenas, Álvarez Cascos y Cospedal han coincidido en reiterar que las funciones económicas eran competencia del tesorero, que no tenía relación jerárquica con el secretario general, y cuando los dos últimos tuvieron que hacerse cargo de la Tesorería al cesar Rosendo Naseiro y Barcenas, respectivamente, se limitaron al pago de las nóminas y gastos corrientes.

"No hay control económico financiero por parte del presidente ni del secretario general: es competencia exclusiva del tesorero", ha dicho Arenas y ha sostenido que era el tesorero quien "tenía todos los poderes económicos" y que "nunca" le comunicó los donativos que se recibían.

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En esta jornada sí que ha habido dos testigos, los exdiputados Ignacio del Burgo y Eugenio Nasarre, que han admitido haber recibido dinero en metálico del partido en calidad de intermediarios, pero han defendido la legalidad de los pagos.

Ambos han negado conocer ninguna contabilidad paralela en el partido, y Del Burgo ha cuestionado que la sentencia del caso Gürtel así lo acreditase, porque, en su opinión, "la recepción de esas cantidades no implica en absoluto el reconocimiento de la existencia de una caja b".

Del Burgo, que fue presidente de Navarra, ha admitido dos entregas en las que medió y que aparecen en los "papeles de Bárcenas", y en una de ellas, el pago de 3,9 millones de pesetas al exconsejero navarro Calixto Ayesa en 1991 como "compensaciones" por el pago de un crédito, ha señalado al expresidente Aznar como quien él supone que dio la "instrucción" al extesorero Álvaro Lapuerta, ya fallecido, para autorizarla.

Nasarre, por su parte, ha admitido haber recibido 30.000 euros en 2003, que el PP recabó de "donantes anónimos cercanos" para la Fundación Humanismo y Democracia.

En los famosos "papeles de Bárcenas" también aparecen menciones al exministro y expresidente balear Jaume Matas y al expresidente del Senado Pío García Escudero, de las que ambos se han desvinculado ante el tribunal.

El primero, condenado por varias causas de corrupción, la más famosa el caso Nóos, se ha desmarcado de la anotación "A Matas piso", junto a 8.400 euros en 2003, y el segundo, además de negar haber recibido pagos en efectivo del partido, ha rechazado tener nada que ver con dos anotaciones de 6.000 euros en 2001 y 2003.

García Escudero ha explicado que en 2001, tras sufrir un atentado de ETA en la puerta de su casa, el PP le concedió un préstamo de cuatro millones de pesetas para afrontar los gastos del mobiliario que, ha incidido, devolvió y está perfectamente documentado.

El tribunal también ha escuchado al periodista Pedro J. Ramírez, que ha confirmado que Bárcenas le contó que en el despacho de Álvaro Lapuerta se recibía dinero en metálico "en bolsas de plástico o de deporte" procedentes de empresarios y que uno de ellos ofreció 300.000 euros para la campaña de Mariano Rajoy, pero ha precisado que no sabe si llegó a entregarlo.