Tres jueces del tribunal del procés formarán parte de la Sala que estudiará el 17 de septiembre en una vista el recurso del presidente catalán, Quim Torra, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que le condenó a año y medio de inhabilitación.

Se tratan de Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo (ponente), que junto a Susana Polo y Vicente Magro revisarán la condena a Torra por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales del 28A.

La Sala Segunda ha fijado la composición del tribunal después de que el Pleno aceptara la abstención del magistrado ponente Miguel Colmenero por ser designado miembro de la Junta Electoral Central e inadmitiera a trámite la recusación que planteó Torra contra casi todos los magistrados que integran la Sala de lo Penal.

En su escrito, Torra pidió recusar a los magistrados por la participación de los jueces en el juicio del "procés" y todas las actuaciones previas, como órdenes de detención e ingreso en prisión, instrucción o a por su participación en la Junta Electoral Central y la Fiscalía General, siempre relacionado con procedimientos de los líderes independentistas condenados.

El TSJ de Cataluña condenó al president por su "recalcitrante y reiterada actitud desobediente" a no acatar las resoluciones de la Junta Electoral en una muestra de una "voluntad consciente y una disposición anímica inequívoca" de contravenir los mandatos de la autoridad electoral".

La sentencia, que le condenó por un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público, impuso también a Torra una multa de 30.000 euros y el pago de las costas del juicio, excepto las de la acusación popular de Vox. De la resolución de este recurso depende que la condena de inhabilitación adquiera firmeza, lo que le impediría ejercer cualquier cargo local, autonómico, estatal o europeo.

La causa por desobediencia contra Torra se abrió a raíz de una querella que presentó la Fiscalía, después de que la Junta Electoral Central le comunicara que el presidente catalán había desoído su orden de retirar los símbolos de apoyo de los políticos presos, dentro del plazo que le marcó, en el período previo a las elecciones generales .