El PP ha realizado en las últimas horas contactos con el líder de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, para tratar de convencer a los concejales de este partido en Villaquilambre (León) de que frenen la moción de censura contra el alcalde Manuel García (PP) por su supuesta vinculación con el caso Enredadera.

Fuentes conocedoras de las conversaciones han informado a Efe de que ha sido el propio alcalde de Villaquilambre, junto con el secretario general del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Juan José Sanz-Vitorio, entre otros, quienes han tratado de persuadir a Luis Mariano Santos de que haya un cambio en la postura de la UPL, cuyos concejales firmaron la moción de censura junto con el PSOE, Ahora Villaquilambre, IU y UPyD.

Los populares aprovecharon la presencia en las Cortes de Castilla y León del líder leonesista, en la comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su aparición en el sumario del caso Enredadera, para sondear la posibilidad de cambiar la postura de su partido y también pedir un encuentro con los propios concejales antes de que mañana se celebre el pleno municipal.

Según las mismas fuentes, Santos no ha garantizado al PP que los concejales de su formación vayan a aceptar sentarse hablar sobre la posibilidad de dar marcha atrás a su postura, aunque sí les trasladaría el ofrecimiento realizado por el alcalde y el Grupo Popular.

Para que la moción de censura salga adelante es necesario que los representantes de la UPL mantengan la posición que expresaron cuando la firmaron, ya que en caso de que se abstengan o voten en contra no prosperaría, al haber alcanzado el PP acuerdos con concejalas no adscritas para que no la apoyen.

El Ayuntamiento de Villaquilambre, municipio de casi 19.000 habitantes, está formado por cinco concejales del PP, que ostenta la alcaldía tras llegar a acuerdos con otros grupos incluida la UPL, además de tres concejales del PSOE, dos de la UPL, dos de Ahora Villaquilambre -Podemos-, uno de UPyD, uno de IU y tres concejales no adscritos que antes pertenecían a Ciudadanos.

El caso Enredadera investiga posibles amaños de varios ayuntamientos en la contratación de servicios para la regulación del tráfico y gestión de multas.