El presidente del Parlament, Roger Torrent, convocará esta semana una reunión de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que será la encargada de elaborar un dictamen que después se elevará al pleno, para solventar la situación de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo.

Fuentes parlamentarias han señalado a Efe que la primera reunión será esta semana, aunque aún no está claro si la cuestión se dirimirá en una sola sesión o si se dividirá en varias, si bien todo debe estar encarrilado antes del 2 de octubre, cuando está previsto que comience el Debate de Política General en el Parlament.

La convocatoria depende de Torrent porque, antes de empezar a trabajar, habrá que ratificar a la presidenta de la comisión, Marta Madrenas, que tomará el relevo a Quim Torra, quien tuvo que dejar sus funciones al frente de la mencionada comisión cuando fue investido presidente de la Generalitat la pasada primavera.

Será Madrenas, alcaldesa de Girona, quien entonces fije el orden del día y los plazos a seguir hasta votar si se eleva a pleno el dictamen que contendrá el detalle del acuerdo entre JxCat y ERC, sobre si se debe sustituir temporalmente a los diputados encausados por su implicación en el referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia.

El resto de miembros de la Comisión del Estatuto de los Diputados son José María Espejo-Saavedra (Cs), Mònica Palacín (ERC), Alícia Romero (PSC-Units), Yolanda López (Catalunya En Comú-Podem), Vidal Aragonès (CUP) y Xavier García Albiol (PPC).

La Mesa del Parlament ha decidido hoy trasladar la situación de los diputados encausados a esta comisión siguiendo las indicaciones de los letrados de la cámara y en virtud del artículo 25 del reglamento.

Este artículo dice que "los diputados pueden ser suspendidos de sus derechos y deberes parlamentarios después de un dictamen motivado de la Comisión del Estatuto de los Diputados" en determinados casos.

Uno de estos casos que recoge es "si es firme el acto de procesamiento o apertura de juicio oral y el Parlament lo acuerda por mayoría absoluta, atendiendo a la naturaleza de los hechos imputados".

Ciudadanos ha emitido un voto particular porque considera que el reglamento del Parlament tiene que quedar supeditado a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Esta señala en su artículo 384 bis que ante "un auto firme de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".