El presidente del Parlament, Roger Torrent, y sus predecesores en el cargo han leído este miércoles un manifiesto de apoyo a Carme Forcadell que señala el diálogo como "la única salida factible" al conflicto catalán, un acto al que ha asistido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El Teatro Luchana de Madrid ha acogido este mediodía este acto de apoyo a Forcadell en el que han leído el manifiesto conjuntamente Torrent y los expresidentes de la Cámara Ernest Benach (ERC), Joan Rigol y Núria de Gispert (ambos exdirigentes de Unió).

Al acto de presentación de este manifiesto, suscrito por 612 representantes y exrepresentantes de 48 cámaras legislativas, ha contado con la presencia de Ada Colau en el escenario, además de otros dirigentes de Catalunya En Comú-Podem, JxCAT-PDeCAT, ERC, Demòcrates, CUP y Som Alternativa.

Antes de leer el manifiesto, todos se han fotografiado alzando carteles con el lema "la autodeterminación no es delito" y han entonado las proclamas "huelga general" y "libertad presos políticos".

El manifiesto advierte de que "acusar penalmente la actuación de la Mesa y la presidencia de un Parlamento, cuando han cumplido escrupulosamente con el cometido de sus funciones institucionales, es una irresponsabilidad que lesiona gravemente los principios del parlamentarismo democrático".

Por ello, piden que "se retiren los cargos contra la presidenta Forcadell y el resto de acusados" en el juicio del "procés".

Los firmantes subrayan que el derecho penal "no es el instrumento idóneo para resolver los desacuerdos políticos o institucionales".

Y añaden: "La única solución posible, la única solución factible, pasa de forma imprescindible por el diálogo, la política y la libre expresión de la voluntad de la ciudadanía a través de las urnas".

El documento subraya que Forcadell "siempre, de forma incansable y pacífica", defendió esta posición y niega que participara en un "alzamiento violento", por lo que tampoco hubo "rebelión ni sedición".

El manifiesto denuncia un "relato acusador" que, al imputar estos delitos, pretende "criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales como manifestación, expresión y participación política".

Los expresidentes del Parlament han considerado que Forcadell actuó "en todo momento concorde a lo establecido por el reglamento de la Cámara" y han asegurado que ellos, en su lugar, habrían actuado de la misma manera.