Quim Torra se ha convertido, con la sentencia del Tribunal Supremo, en el primer presidente de la Generalitat en los últimos 40 años que, en ejercicio de su cargo, es inhabilitado y tiene que abandonarlo antes de finalizar su mandato.

Es, al mismo tiempo, el cuarto president que termina con problemas con la justicia: tres de ellos -Artur Mas, Carles Puigdemont y el propio Torra- por causas relacionadas con el proceso independentista y uno -Jordi Pujol- acusado de corrupción.

Torra ha consumido apenas dos años y medio de mandato, desde su investidura el 14 de mayo de 2018, y deberá dejar el cargo una vez le sea notificada la confirmación de su inhabilitación, sin haber querido convocar antes elecciones para acortar el periodo de interinidad que se abre ahora en Cataluña.

Ninguno de sus antecesores fue inhabilitado ejerciendo el cargo, salvo en el caso histórico del expresidente de la Generalitat republicana Lluís Companys, encarcelado y condenado tras proclamar, el 6 de octubre de 1934, el "Estado catalán" dentro de la "República federal española".

EL OCTUBRE INDEPENDENTISTA DE PUIGDEMONT

Después de meses de preparación clandestina para evitar las trabas estatales, el Govern de Carles Puigdemont organizó el 1 de octubre de 2017 un referéndum unilateral sobre la independencia de Cataluña, que culminó con una declaración de independencia el 27 de ese mes.

Ese mismo día, el Gobierno de Mariano Rajoy destituyó al ejecutivo catalán en pleno, en virtud del artículo 155 de la Constitución, por lo que Puigdemont dejó de ser oficialmente president y huyó a Bélgica para evitar someterse a un proceso judicial en España.

Puigdemont no pudo ser investido telemáticamente como president tras las elecciones del 21 de diciembre de 2017 por el veto del Tribunal Constitucional y posteriormente tampoco pudo desempeñar desde la distancia sus funciones como diputado del Parlament, aunque sí mantiene de momento su escaño en la Eurocámara, a la espera de que se resuelva el suplicatorio impulsado por la justicia española.

LA CONSULTA SOBERANISTA DE MAS

El 9 de noviembre de 2014, centenares de miles de catalanes -2,3 millones de personas, según cálculos de la Generalitat- participaron en "proceso participativo" impulsado por el entonces president, Artur Mas, una consulta "no vinculante" convocada sin el aval del Estado, para preguntar sobre la independencia de Cataluña.

La consulta acabó en los juzgados y, el 13 de marzo de 2017, un año y dos meses después de abandonar la presidencia de la Generalitat, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a Mas a dos años de inhabilitación, la pena máxima por desobediencia, al entender que "pervirtió" los principios de la democracia básicos para la "convivencia pacífica" cuando mantuvo la consulta.

Las consecuencias no terminaron ahí, ya que el Tribunal de Cuentas condenó también a Mas, a tres de sus exconsellers y a otras seis personas a pagar 4,9 millones de euros por la organización del 9N.

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EL DERRUMBE DE PUJOL

Después de haber gobernado durante 23 años -de 1980 a 2003- y de haber sido el primer presidente de la Generalitat desde la restauración de la democracia, la reputación de Jordi Pujol se derrumbó la tarde del 25 de julio de 2014, cuando envió a todas las redacciones un comunicado en el que confesaba haber ocultado en el extranjero unos fondos heredados de su padre Florenci.

Los problemas de Pujol con la justicia, pues, llegaron once años después de que dejara las riendas de la Generalitat.

Tras años de investigación sobre los negocios de la familia Pujol-Ferrusola, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propuso el pasado julio juzgar al expresident, a su mujer Marta Ferrusola y a sus siete hijos por formar una "organización criminal" para enriquecerse durante décadas a través de actividades corruptas. EFE