El presidente catalán, Quim Torra, ha presentado hoy un Plan de Gobierno "para cuatro años" y ha anunciado que antes del 15 de octubre activará el Fórum Cívico, Social y Constituyente, que se encargará de pilotar un debate ciudadano sobre los contenidos de una eventual "Constitución de Cataluña".

El Govern ha aprobado un plan que consta de 138 páginas, más de mil medidas, 22 ámbitos de actuación, 93 objetivos y cuatro ejes prioritarios: cohesión social, prosperidad económica, fortalecimiento democrático e internacionalización.

Tras la reunión del Govern, Torra ha comparecido ante los medios para explicar los contenidos del plan, del que han quedado al margen las actuaciones políticas más ligadas al proceso soberanista,

No obstante, Torra sí ha aportado algunos detalles a este respecto, por ejemplo en relación al consejo que dirigirá los trabajos del "Fórum Cívico, Social y Constituyente", tendrá una composición "amplia, plural, muy diversa".

Torra ha explicado que este foro, adscrito a la conselleria de la Presidencia, tendrá "delegaciones en todas las veguerías" de Cataluña y servirá para trazar las "bases de lo que debe ser la Constitución de Cataluña", sin que de momento haya un calendario para su elaboración efectiva y su aprobación en referéndum.

Este foro será, ha dicho, uno de los ejes de la "segunda fase" de la legislatura, toda vez que la "fase de restitución" de las instituciones catalanas ya la da por "prácticamente acabada", si bien aún "falta una pieza esencialísima", como es la "restitución" de Carles Puigdemont como presidente catalán.

Torra ha hecho, además, un llamamiento a los catalanes a conmemorar el 1 de octubre como un "día de victoria", sin una "mirada nostálgica o sentimental, ni siquiera indignada" por "las porras y las cargas" policiales que hubo para evitar la celebración de un referéndum en Cataluña.

En su comparecencia, Torra ha remarcado que el Plan de Gobierno es "para cuatro años", ya que la "situación de excepcionalidad" en Cataluña "no nos puede detener" como país, y ha asegurado que el documento se basa en "valores republicanos" y en la "idea de hacer república y construir república".

De cara a la negociación presupuestaria, ha reiterado, como ha hecho en diversas ocasiones, que su intención es buscar el apoyo de la CUP y comunes, y no se plantea debatir las cuentas con el PSC.

Torra también ha avisado de que, si el Gobierno no retira todos los conflictos de inconstitucionalidad contra las catorce leyes sociales de la Generalitat, el ejecutivo catalán "aprobará de nuevo su contenido" en el Parlament para "levantar" así su suspensión.

Tras escuchar a Torra, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha tildado de "chiringuito separatista" el Fórum Cívico, Social y Constituyente y ha añadido: "¿Qué más necesita Pedro Sánchez para requerir a Torra que cumpla la Constitución, y si este no le hace caso, aplicar de nuevo el artículo 155?".

El portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ha reprochado a Torra que "persista en errores de la anterior legislatura" al insistir en "edificar en el aire las estructuras de un Estado independiente inexistente".

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La diputada de la CUP Maria Sirvent ha exigido a Torra que proponga un plan de "ruptura democrática con el Estado" que vaya más allá de "la retórica y el simbolismo".

Por otro lado, hoy se ha conocido que tres jueces del Tribunal de Primera Instancia del juzgado francófono de Bruselas serán los encargados de decidir si Bélgica es competente para juzgar al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, demandado por Puigdemont y sus exconsellers huidos al extranjero.

"Hoy España defiende la inmunidad de jurisdicción de cortes, tribunales y jueces españoles ante la Justicia belga", ha declarado tras la segunda audiencia del caso el abogado Hakim Boularbah, quien representa en este proceso civil al Estado español y al magistrado español que instruyó la causa del 1-O.

Las partes tendrán ahora cuatro semanas para presentar sus alegatos por escrito ante el tribunal, que deberá tomar su decisión en un plazo máximo de seis semanas.

El tribunal notificará por escrito a las partes si acuerda una audiencia para debatir oralmente sobre las competencias de la justicia belga exclusivamente, como solicita la defensa, o si en esa vista se abordará directamente el fondo del asunto, como reclaman Puigdemont y los exconsellers Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret.