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ESPIONAJE POLÍTICO

Torra pide al Supremo que declare ilegal el espionaje y destruya sus datos

El expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exvicepresidente del Parlament Josep Costa han pedido al Tribunal Supremo que declare ilegal el espionaje con el sistema Pegasus del que supuestamente fueron víctimas y del que responsabilizan al Gobierno, y que destruya la información que se les pudo intervenir.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 11:43

El expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exvicepresidente del Parlament Josep Costa han pedido al Tribunal Supremo que declare ilegal el espionaje con el sistema Pegasus del que supuestamente fueron víctimas y del que responsabilizan al Gobierno, y que destruya la información que se les pudo intervenir.

Así lo plantean Torra y Costa en un recurso interpuesto ante la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Supremo, en el que sostienen que el espionaje del que han sido víctimas -en su caso no figuran entre los 18 líderes independentistas que el CNI ha reconocido que espió con el aval judicial- es "directamente atribuible" al presidente del Gobierno y al ejecutivo central.

Torra y Costa han optado por un recurso por la vía contenciosa-administrativa ante el Supremo después de que el Gobierno no respondió al requerimiento administrativo que plantearon el pasado 2 de mayo para exigir explicaciones y que se detallara toda la información que les extrajeron mediante Pegasus, del que fueron víctimas según un informe de CitizenLab.

Según el recurso, este caso de supuesto espionaje ha vulnerado a Torra y Costa sus derechos fundamentales a la intimidad y privacidad personal, al secreto de las comunicaciones, a la protección de datos personales, a la libertad de opinión e ideológica y de expresión, a la libertad de asociación y reunión, a la participación y representación política y a la tutela judicial efectiva.

Los dos políticos independentistas atribuyen al Gobierno la intervención, escucha, sustracción, recopilación, tratamiento, uso, difusión y almacenaje de la información y las comunicaciones de sus teléfonos móviles institucionales, cuando eran respectivamente presidente de la Generalitat y vicepresidente del Parlament.

Según el recurso, el presidente del Gobierno y el conjunto del ejecutivo central tienen atribuida, según la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia, la condición de "destinatario" de las informaciones obtenidas por el CNI y, en consecuencia, de los datos personales "recabados ilegalmente" mediante el espionaje con Pegasus, un sistema que consideran "incompatible" con el Estado de derecho.

Aunque hubiese una autorización judicial para avalar su espionaje -que en el caso de Torra y Costa no consta por el momento-, los dos recurrentes sostienen que sería "igualmente ilegal" por la falta de "las garantías democráticas mínimas".

En este sentido, el recurso subraya que Torra y Costa eran presidente de la Generalitat y vicepresidente primero del Parlament cuando supuestamente fueron espiados con Pegasus, por lo que entienden que "someterlos a vigilancia secreta no podía ser necesario para salvaguardar las instituciones democráticas".

"Ellos mismos eran cargos electos que ocupaban puestos de máxima representatividad democrática", apunta el escrito, que denuncia que, al haberse "espiado sus actividades políticas" a través de sus dispositivos institucionales no solo se vulneraron sus derechos fundamentales sino también se produjo una "interferencia inadmisible (innecesaria, desproporcionada y sin amparo legal) en los derechos políticos".

Por este motivo solicitan al Supremo que declare la "ilegalidad" del "espionaje" del que creen que fueron víctimas, saber qué información y documentación privada se obtuvo por pare del Estado y que sea "completamente destruida".

"La legislación de protección de datos prevé el derecho a la supresión o eliminación de la información o datos que pueda estar en posesión de las autoridades, incluso cuando ha sido obtenida de forma legítima. En la medida que en el presente caso no concurre el supuesto de legalidad de la obtención o tratamiento de los datos y la información, es también evidente que la supresión y eliminación de la misma es una consecuencia inherente a la restitución de los derechos vulnerados", apunta.

Además, exigen la desclasificación de los documentos que les afectan sobre este caso y plantean la inconstitucionalidad de las leyes españolas que regulan este tipo de prácticas. EFE.

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