El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha intentado este sábado hablar con Pedro Sánchez mediante una llamada que no ha tenido contestación y que se ha producido entre críticas y acusaciones por no haber condenado la violencia cinco días después de que se iniciaran los altercados en las calles.

Diecinueve personas ingresadas en los hospitales de Cataluña, más de 300 policías con lesiones de diversa consideración, entre ellos un agente con fractura de cráneo que le oprime las vértebras; otros 300 arrestados. Son algunos de los datos del balance que dejan ya cinco días de enfrentamientos entre grupos radicales y las fuerzas de seguridad.

Anoche se produjeron los incidentes más violentos y, por ello, el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado hoy a la capital catalana para visitar al operativo policial desplegado y mantener una reunión con el conseller catalán del ramo, Miquel Buch.

Posteriormente, en rueda de prensa, ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad por cuanto están actuando con "proporcionalidad" frente a un "vandalismo indiscriminado", y ha negado que el Estado esté "desbordado" ante una situación de "orden público grave". Los daños en el mobiliario urbano de Barcelona ya son cuantiosos.

Marlaska ha recriminado la actitud de Torra al no haber condenado aún la violencia de los útimos días, algo que tampoco ha hecho este sábado durante la comparecencia ante los medios que ha ofrecido tras reunirse con integrantes del Govern y con alcaldes de las capitales catalanas, menos la de Barcelona, Ada Colau, también crítica con el presidente de la Generalitat.

En la declaración que ha leído, después de la cual no ha aceptado preguntas de la prensa, Torra ha anunciado que llamaría a Sánchez para fijar una reunión con él e iniciar "de manera inmediata" un proceso de diálogo y negociación.

Sánchez no ha atendido la llamada, según han indicado fuentes gubernamentales, entre otras razones porque antes de hablar con él quiere que condene "rotundamente la violencia".

La violencia, sin embargo, puede continuar si, como en días anteriores, la manifestación convocada por los CDR para esta tarde, a las 19.00 horas, termina con graves altercados en las calles.

Marlaska ha destacado que a los grupos organizados o a los individuos que inciten a ese "vandalismo indiscriminado", según sus palabras, se les aplicará el Código Penal.

Además, aparte de subrayar que el Estado no está "desbordado", ha señalado que todos los escenarios se habían previsto desde antes de que se conociera la sentencia del procés que ha servido de detonante de este ciclo de graves disturbios callejeros.

Pero no es ésa la opinión de los partidos de la oposición al Gobierno de Sánchez.

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido al presidente en funciones que restaure el orden en Cataluña y que rompa los pactos que en algunas instituciones catalanas tienen los socialistas con formaciones independentistas; si lo hace, los populares le apoyarán.

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El del Cs, Albert Rivera, ha exigido al Gobierno que actúe y no deje "abandonados" a millones de catalanes, y entre esas actuaciones ha vuelto a exigir la ejecución del artículo 155 de la Constitución y el consiguiente cese de Torra.

Desde Vox, el secretario general Javier Ortega Smith-Molina ha acusado al Ejecutivo de "irresponsabilidad" y ha pedido que autorice a la Policía Nacional a actuar "como sabe" en Cataluña, esto es, con "todo el material antidisturbios", con más efectivos e incluso con el concurso de los GRS de la Guardia Civil, sus unidades de elite.

Casado y Rivera apuestan por el uso del 155 de la Constitución y Abascal, por el 116, que establece el estado de emergencia.

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ve en los partidos de la "derecha reaccionaria" una suerte de competición por ver "quién dice la mayor barbaridad", y por ello, ha demandado la interrupción de una "escalada de violencia" en la que participa también el sector más radical de las manifestaciones en Cataluña.

A su juicio, urge el diálogo, especialmente entre Sánchez y los dirigentes catalanes, pero sin Torra. Garzón ha pedido su dimisión.

El PSOE, por medio de su responsable de Organización, José Luis Ábalos, ha defendido la actuación del Gobierno y ha recalcado que, por ahora, no hacen falta "otras medidas".