El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho público un comunicado para expresar su apoyo a los independentistas presos Jordi Sànchez y Jordi Turull que han comenzado hoy una huelga de hambre y se ha unido a la denuncia de lo que considera una estrategia de "dilación" del Constitucional.

El expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el exconseller y también diputado de ese grupo Jordi Turull han iniciado una huelga de hambre "indefinida" para denunciar el "bloqueo" del Tribunal Constitucional a sus recursos de amparo que les impide "acceder a la Justicia europea".

Con relación a este asunto, Torra ha hecho pública una nota donde afirma que "el Poder Judicial español está cometiendo una de las peores barbaridades que se han visto en Europa en los últimos años".

"La falta de imparcialidad ideológica de la Justicia española y el sistema de elección de la cúpula del Poder Judicial han sido motivo de preocupación del Consejo de Europa -asegura Torra- y de muchos países europeos".

En su opinión, "la imagen y el prestigio de la Justicia española han tocado fondo entre la comunidad internacional".

El president ha recordado "las negativas de tribunales europeos a aceptar los delitos de rebelión y sedición para las peticiones de extradición de los exiliados" y denuncia que "el Tribunal Constitucional español continúa dilatando el proceso de recurso de los presos políticos contra su prisión preventiva porque saben que es un paso previo a un recurso superior a los tribunales europeos".

"Ante esta mala praxis que implica una negación clara de las garantías de defensa -afirma Torra- quiero apoyar la huelga de hambre que han comenzado hoy algunos de los presos políticos".

Advierte que se trata de una medida "contundente y drástica" porque es un caso de "vulneración completa de los derechos de ciudadanía, de los derechos civiles y políticos y del respeto por el marco legal del que se ha dotado el mismo Estado español".

En su opinión, "se está aplicando el derecho penal como venganza, estableciendo una legalidad 'ad hoc' para atacar la disidencia política".