El Gobierno de Castilla-la Mancha publicará un nuevo decreto de medidas para evitar la expansión del coronavirus en el que se volverá al toque de queda a las 00.00 horas con el cierre de los establecimientos de hostelería una hora antes, a las 23.00, una vez que concluya la vigencia del actual decreto de estado de alarma este sábado 10 de abril.

La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, ha explicado, a preguntas de los periodistas durante su comparecencia para informar de la reunión del Consejo de Gobierno, que también tienen la intención de que continúen las visitas en los centros sociosanitarios y las salidas de los residentes.

Asimismo, se mantendrá el criterio actual de, en donde no existe un alto riesgo de transmisión del virus, los establecimientos hosteleros tengan un aforo del 50 % en el interior y del 75 % en las terrazas.

Fernández ha indicado que, según los últimos datos disponibles, la incidencia acumulada de covid-19 a 14 días es de 107,76 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un aumento de 10 puntos respecto a la semana anterior, sin embargo, la incidencia acumulada a 7 días se ha reducido en casi ocho puntos, hasta los 43,17 casos por cada 100.000 habitantes.

Para la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, este dato significa que, si se mantiene en el tiempo, "estaríamos en un escenario de cierta estabilidad", pero no obstante habrá que estar atentos a la evolución día a día, sobre todo en los próximos 10 o 15 días tras la Semana Santa.

Para la reunión de esta tarde del Consejo Interterritorial de Salud, Fernández ha dicho que la posición que llevarán es de colaboración absoluta y a favor de que las medidas se adopten en un marco nacional, general y homogéneo para todas las comunidades autónomas, con la suficiente flexibilidad para adaptarse a la situación epidemiológica de cada territorio.

Respecto al planteamiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no prorrogar en mayo el estado de alarma vigente, Blanca Fernández ha indicado que al Ejecutivo autonómico le genera dudas la incertidumbre de no saber si va a poder limitar derechos fundamentales como la libre circulación, el número de personas que se reúnen o el toque de queda. EFE

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