Todos los grupos políticos del Congreso han coincidido en la necesidad de ilegalizar el uso privado de las embarcaciones neumáticas y semirígidas de alta velocidad, las denominadas "narcolanchas", por lo que han respaldado la convalidación del real decreto que las prohíbe.

A falta de la votación en el pleno del Congreso, todos los portavoces han expresado que sus respectivos grupos darán el sí a la convalidación del real decreto que permitirá luchar de forma más eficaz contra el narcotráfico y el tráfico ilegal de inmigrantes a través de este tipo de embarcaciones, sobre todo empleadas en el Campo de Gibraltar.

Ha sido la ministra de Hacienda, María José Montero, quien ha defendido en la tribuna la iniciativa del Gobierno con que el se dotará a las fuerzas de seguridad y Vigilancia Aduanera de una herramienta eficaz para la lucha contra el narcotráfico, en tanto que se rebajará la impunidad de la que gozan las organizaciones criminales.

"Las fuerzas de seguridad tienen muy poco margen de actuación, lo que genera impotencia y desánimo", ha dicho Montero antes de explicar que la norma ilegaliza el uso privado de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de ocho metros de eslora o de menor longitud pero que tengan potencia de hasta 150 kilovatios.

Tampoco podrán ser usadas las embarcaciones en las que se detecten "indicios racionales" de que son empleadas para fines ilícitos como la instalación de doble fondos, trucados de motos o equipamiento de inhibidores de frecuencia.

Por su parte, quedan fuera de estas prohibiciones las embarcaciones de las fuerzas de seguridad y agentes de Vigilancia Aduanera, las utilizadas por organismos o entidades públicas y aquellas que se encargan de labores de salvamento y de asistencia marítima.

"En todo caso y sea cual sea su titular" estas embarcaciones deberán inscribirse en un registro nacional gestionado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Una medida a la que todos los grupos parlamentarios han dado su apoyo, si bien PP, PNV y Ciudadanos han puesto alguna objeción al real decreto durante sus intervenciones.

Para Mikel Legarda (PNV) la tramitación de la norma debería ser a través de una proyecto de ley, pues el decreto deja márgenes "amplios" y algunas consideraciones vagas que se subsanarían en el trámite parlamentario, mientras que para el PP, la norma no es sino "la culminación" de la promesa del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, según ha señalado la diputada María José García-Pelayo.

Más duro ha sido el portavoz de Ciudadanos Gillermo Díaz: "Esto sí que es un decreto con urgencia. para eso sí están los decretos, no para ocupar RTVE o para contrarrestar la debilidad parlamentaria del Gobierno".

Y ha añadido: "Ni el PP ni el partido sanchista, antes socialista, han hecho nada para evitar esta situación. Hace falta voluntad, medios, lanchas, efectivos...".

Desde Unidos Podemos, el diputado gaditano Juan Antonio Delgado ha ofrecido al Gobierno y el resto de partidos que alcancen entre todos un pacdto de Estado para poner en marcha "un plan integral de verdad" para todo el área del campo de Gibraltar que ponga remedio a "política fallida" origen de la situación.

• Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pese a estar a favor, Delgado ha apuntado que no se puede ir siempre detrás de los narcos. "Qué hacemos, prohibimos también las aeronaves o los barcos pesqueros que ya están empleando. Hay que ir a la raíz del problema".