La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que, una vez superado el pico de precios de la electricidad alcanzado en enero, en febrero volverán a estar por debajo de los previos al paso de la borrasca Filomena y en el segundo trimestre la reducción alcanzará el 45 %.

Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, en la que ha explicado las razones de la subida de los precios de la luz en el mercado mayorista y su incidencia en los consumidores, ha dicho que la tendencia de disminución de los costes que se había iniciado ya en España no se va a ver reducida por el episodio de este mes de enero.

Ha indicado que "estamos dejando atrás" este pico de precios y ha puesto, como ejemplo, que el precio de la electricidad que se ha marcado para mañana en el mercado mayorista estará un 36 % por debajo de lo que ha sido el coste medio en los días en que España ha sufrido dos fenómenos meteorológicos adversos: la borrasca Filomena y la ola de frío que la ha seguido.

Ha explicado que, bajo una estimación prudente, en febrero los precios de la luz en el mercado mayorista estarán por debajo de los previos que había antes del paso de Filomena.

Ribera ha añadido que para el segundo trimestre de 2021 esa reducción alcanzará el 45 % y que, entre 2022 y 2023, los importes del mercado energético estarán por debajo de los del mercado alemán o francés, tradicionalmente más bajos.

La también vicepresidenta cuarta ha manifestado que en poco más de dos años, entre 2018 y 2020, el precio ha caído un 40 %, al tiempo que ha recordado que el coste que sale de las casaciones de las empresas generadoras de electricidad en el mercado mayorista, no es el único elemento de la factura que pagan los consumidores, pues hay que sumar costes fijos, como transporte, distribución, contadores, impuestos y "costes históricos" del sistema.

Respecto a estos últimos, ha recordado que el Gobierno ha elaborado el anteproyecto de Ley para la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que sacará gradualmente de la factura el importe que se paga por las primas a las primeras renovables, unos 7.000 millones anuales.

UNA REPERCUSIÓN DE ENTRE 4 Y 10 EUROS EN LA FACTURA

En cuanto a la incidencia que tendrá la subida del precio mayorista en la factura de la luz de los consumidores con tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) -unos 10,7 millones de hogares en España-, ha señalado que será de entre 4 y 10 euros en el recibo de enero, al tiempo que ha recordado que los consumidores con este tipo de tarifa han visto reducida su factura en un 17 %, más de 120 euros, entre 2018 y 2020.

Asimismo, ha indicado que con el Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico se sumará una reducción adicional importante, de en torno al 13 % en la factura final.

Ribera también se ha referido a las incidencias provocadas por el temporal en el suministro eléctrico y ha señalado que entre el 8 y el 12 de enero ha habido 15.000 episodios de cortes en las provincias de Madrid, Toledo y, en menor medida, en las comunidades autónomas de Aragón y Cataluña, que se tardaron más en reparar por la dificultad de acceso a los puntos de recuperación por la nieve y hubo que instalar generadores eléctricos.

Respecto a la cobertura de los consumidores vulnerables, ha recordado que España es de los pocos países que cuenta con una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, que el Gobierno aprobó en 2019, cuyo objetivo es que en 2025 se reduzcan en un 25 % los hogares que sufren pobreza energética.

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También ha subrayado que en 2018 el Ejecutivo estableció el bono social térmico, una ayuda directa para gastos de agua caliente y calefacción que desde 2020 pagan las comunidades autónomas con cargo al presupuesto de su Ministerio.

La dotación para el bono social térmico ha sido incrementada en un 16 % para 2021 y sus beneficiaros han pasado de 1.070.000 a finales de 2018 a 1.218.000, ha dicho la ministra.

También ha destacado la ampliación de la cobertura del bono social eléctrico con motivo de la crisis generada por la covid a personas en ERTE, desempleo o que hayan reducido su actividad por cuidados, y el número de hogares protegidos se ha incrementado un 16 % con respecto a 2019, hasta los 1.278.000 beneficiarios.