Representantes del tercer sector catalán han afirmado este martes que la suspensión del autogobierno vía la aplicación del 155 puso "en grave riesgo" a las entidades sociales, ya que fue como "un huracán", "un golpe muy duro" que generó "preocupación, inquietud e incertidumbre".

Así se han expresado la presidenta de la Mesa del Tercer Sector, Francina Alsina, y el presidente de la Confederación del Tercer Sector Social de Cataluña, Joan Segarra, en su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución que se lleva a cabo en el Parlament.

A la misma han asistido solamente representantes de JxCat y de ERC, ya que los comunes y la CUP no han acudido por motivos de agenda, mientras que Ciutadans y PPC rehusaron participar desde el inicio y el PSC-Units abandonó la comisión por ser una "herramienta de propaganda".

Alsina ha aseverado que el 155 supuso "un golpe muy duro para las políticas sociales del país, y por tanto para los derechos sociales, así como para la acción de las propias entidades".

Fueron "momentos que nos gustaría no tener que volver a vivir", ha dicho, debido al "impacto" que esta medida tuvo en las personas, sobre todo en "las más vulnerables".

Ha asegurado que la intervención de la autonomía catalana dejó "en una situación muy complicada a centenares y centenares de entidades sociales, que sufrieron retrasos en el pago de subvenciones y convenios".

Segarra, a su turno, se ha remontado a antes de la aplicación del 155, hasta septiembre de 2017 -fecha en la que el Estado intervino las finanzas catalanas-, para describir el "bloqueo" que sufrieron las entidades.

Ha considerado que el "modelo propio y diferenciado" en este ámbito de la administración catalana respecto al del resto del Estado hacía evidente que "gobernar (Cataluña) de esa manera era inviable".

Así, ha dicho que intentar administrar Cataluña "a 600 kilómetros de distancia" y con "desconocimiento técnico" de la situación y dificultades en la "interlocución política" era "la expresión de lo absurdo".

En este sentido, ambos comparecientes han explicado que el 155 comportó el "incremento de gestiones burocráticas" y "la falta de un interlocutor en el día a día", y han denunciado la imposibilidad de tratar con representantes ministeriales o con el entonces delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, por mucho que lo intentaran.