Las seis mujeres y tres hombres del jurado popular del crimen de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, han retomado este domingo las deliberaciones para alcanzar un veredicto, un proceso en el que siguen sin contacto con terceros y ni teléfono móvil.

Los jurados de este mediático caso se hallan aislados y custodiados por la Policía Nacional desde el pasado jueves a las 15 horas, en maratonianas jornadas de hasta doce horas encerrados en una de las salas del Palacio de Justicia de Alicante para deliberar sobre la inocencia o culpabilidad del único acusado, el yerno de la víctima Miguel López.

Solo salen de esa sala para comer y para descansar en un hotel cercano, donde tienen prohibido utilizar el móvil, y donde duermen en habitaciones en las que previamente se ha desconectado el teléfono fijo y también el aparato de televisión, todo para evitar que queden "contaminados" por las noticias sobre el caso.

El viernes por la noche alcanzaron un primer veredicto, pero la magistrada que dirige las sesiones, Francisca Bru, lo devolvió por deficiencias y errores en los argumentos.

Las deliberaciones de este domingo coinciden, además, con la jornada electoral por lo que si no hay veredicto a una hora prudente y alguno de los jurados expresa su derecho de acudir a votar, la magistrada velará para que se ejerza este derecho aunque siempre acompañados de un agente de la Policía para garantizar que no se rompe la incomunicación.

Se añade la circunstancia de que el mismo Palacio de Justicia donde deliberan es uno de los colegios habilitados para abrir las urnas, y que allí hay previstas ocho mesas electorales donde están citados para votar cientos de alicantinos.

Para un veredicto condenatorio del acusado (las acusaciones piden 24 años de cárcel), tendrán que decidirlo siete de los nueve jurados y se requiere una argumentación "sucinta", mientras que para la no culpabilidad únicamente se requieren cinco votos.

María del Carmen Martínez falleció poco antes de las 19 horas del 9 de diciembre de 2016 de dos disparos en la cabeza recibidos en el lavadero del concesionario de automóviles de Alicante de su propiedad y que regentaba su yerno y único acusado, Miguel López.

Durante el juicio se han puesto de manifiesto las diferencias irreconciliables entre la víctima y su hijo primogénito, Vicente Sala Martínez, que ejerce la acusación particular, por un lado, y las tres hermanas de la fallecida y sus cónyuges, por otro.

Estas desavenencias tienen su origen en la gestión de los negocios familiares, con un valor de unos 120 millones de euros sobre todo por la firma de plásticos Samar, y se ha puesto de manifiesto que la víctima tenía previsto traspasar la 'acción de oro' a su primogénito, lo que le habría dado el control de las empresas en perjuicio de las tres hermanas.