El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización de los contratos públicos realizados en 2018 y 2019 por varios ministerios para tareas de limpieza y de seguridad privada, pero les insta a una mayor precisión en los pliegos y a ajustar las fórmulas de cálculo del criterio precio.

El Tribunal de Cuentas ha informado este viernes de la aprobación del informe que atañe a los ministerios del área político-administrativa (Exteriores, Justicia, Defensa, Interior, Presidencia, Educación, Cultura, Ciencia, Universidades, Política Territorial e Igualdad), referido a ese tipo de contratos y en esos años, porque "se ha comprobado el cumplimiento de las prescripciones de transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género".

No obstante, añade algunas recomendaciones; entre ellas la de que debieran "determinar con mayor rigor y precisión las necesidades que fundamentan la celebración de los contratos, detallando las particulares circunstancias que concurren en el momento de proponer la tramitación".

Asimismo, el Tribunal de Cuentas recomienda a los ministerios "procurar que las fórmulas empleadas para la valoración del criterio precio guarden la debida proporción entre las diferencias cuantitativas existentes en las ofertas presentadas y los puntos asignados".

"Incluir en los pliegos del contrato un detalle claro de las competencias y obligaciones de los responsables del contrato, indicando los medios de que dispone y los procedimientos que han de seguir para controlar el cumplimiento de las condiciones de ejecución", es otro de los consejos.

El Tribunal de Cuentas detectó que en la fase de preparación de algunos de esos contratos de seguridad privada y limpieza la justificación de su necesidad aparecía en expedientes separados y de forma demasiado genérica.

Otras deficiencias, a juicio del organismo fiscalizador, estarían relacionadas con los cálculos previos del presupuesto o con las decisiones para no dividir en lotes los contratos.

En cuanto a la fase de ejecución de los contratos, la objeción más común, que se daba en más de un tercio de los expedientes, era la carencia de toda la documentación requerida.