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Tamara Carrasco dice a la jueza que ha "sufrido una operación de Estado" y pide ser absuelta

Europa Press

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 13:59

Su defensa cuestiona cómo la Guardia Civil consiguió el audio sobre protestas de CDR por el que se la acusa

La activista independentista Tamara Carrasco, juzgada este lunes por un presunto delito de incitación a los desórdenes públicos, ha sostenido en su último turno de palabra ante la magistrada que ha "sufrido una operación de Estado", en la que inicialmente fue investigada por terrorismo y rebelión, y ha defendido su inocencia, por lo cual ha reclamado ser absuelta.

"He pagado un precio personal altísimo porque alguien en un despacho eligió mi nombre entre una lista de personas", ha dicho en el Juzgado Penal 25 de Barcelona antes de que el caso haya quedado visto para sentencia.

Su defensa, que ejerce el abogado Benet Salellas, ha centrado los argumentos en el juicio en torno a cómo la Guardia Civil consiguió el audio de Whatsapp que sostiene la acusación, y en el que Carrasco --que no ha negado su autoría-- relata la intención de convocar una huelga general indefinida en la primavera de 2018 y de hacer varias protestas y cortes de carretera.

Salellas ha criticado en su informe final que no hay "ni una sola línea, ni una sola palabra que explique" cómo se obtuvo la prueba, después de que los agentes de la Guardia Civil que llevaron la explicación no han detallado cómo consiguieron el mensaje de voz.

A preguntas del letrado, los agentes han explicado que fue un mensaje "ampliamente difundido en redes sociales" y medios de comunicación, mientras que Carrasco sostiene que lo envió a un grupo privado de Whatsapp y que no hizo difusión pública.

ACUSACIÓN

En esta causa, la Fiscalía acusa a Carrasco de un presunto delito de difusión de una consigna que incite a cometer un delito de desórdenes públicos, por el que pide una condena de siete meses de prisión, y considera que la acusada ejercía "funciones de coordinación" de los CDR durante la primavera de 2018.

Así, la Fiscalía sostiene que impartió directrices sobre las protestas que se preparaban para la Semana Santa de ese año, para lo que el fiscal transcribe un audio de más de 5 minutos que Carrasco envió por Whatsapp, en que relata la intención de convocar una huelga general indefinida por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, además de varias protestas con la intención de la "distracción policial".

El mensaje decía: "Mañana habrá unos cortes, que ahora os explico, el martes habrá como una especie de sabotajes y aquí esperaríamos a tener noticias de lo que pasa con Puigdemont" hasta que varios sindicatos convoquen una huelga general.

El mismo mensaje explica la previsión de hacer cortes de tráfico en varias carreteras de Cataluña --en algunas "verterán aceite en la autopista, y sobre el aceite balas de paja y les prenderán fuego"-- además de protestas en Barcelona, algunas de carácter festivo.

También relata los planes para sabotear las vías de trenes de mercancías: "Y poca cosa más, pero en plan sin violencia, sin que nos cojan y todo eso".

El fiscal también recoge en el escrito de acusación que la noche del 26 de marzo y durante el día 27 hubo varios cortes de carreteras y autopistas para "perturbar la convivencia y el normal desarrollo de la vida de las personas que vivían o transitaban" en la zona.

En noviembre de 2018, la Audiencia Nacional envió la causa a este juzgado ordinario después de denunciar a Carrasco, inicialmente, por terrorismo y rebelión, por lo que tuvo prohibido salir de su municipio, en Viladecans (Barcelona).

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