La junta militar de Birmania ha presentado este lunes nuevos cargos contra la antigua líder 'de facto' del país, Aung San Suu Kyi, detenida junto al expresidente Win Myint tras el golpe de Estado dado el 1 de febrero, tras lo que la Premio Nobel de la Paz ha pedido ver en persona a sus abogados.

Según las informaciones recogidas por el portal birmano de noticias Myanmar Now, las autoridades han imputado a Suu Kyi por supuestamente violar la ley de desastres naturales, con lo que ascienden a seis los casos abiertos contra ella desde la asonada.

Así, los cargos derivan a sus supuestos contactos con participantes en un acto político celebrado en agosto de 2020, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus. Suu Kyi ha pedido durante la jornada reunirse en persona con su abogado.

Min Min Soe, uno de los abogados de la defensa de Suu Kyi, ha afirmado que el expresidente ha reclamado igualmente mantener reuniones cara a cara con sus abogados, algo que hasta la fecha ha rechazado el aparato judicial birmano.

"Hemos podido verles en el juicio a través de una videoconferencia y parecían sanos", ha manifestado, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA. Por el momento se desconoce dónde se encuentran retenidos tanto Suu Kyi como Myint.

Las autoridades birmanas han imputado a Suu Kyi por supuestamente violar la Ley de Exportaciones e Importaciones, así como por presuntas violaciones de la Ley de Secretos de Estado, que data del periodo colonial, y por incitación a la sedición, el cargo más grave de los presentados hasta la fecha.

La imputación de Suu Kyi ha llegado en medio de las denuncias sobre un aumento de la represión por parte de la junta militar, incluida la matanza de más de 80 personas durante la jornada del viernes en la ciudad de Bago, situada unos 60 kilómetros al este de Rangún.

La masacre de Bago ha sido calificada por la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP) como un "crimen de lesa humanidad" que se cuenta entre los días más sangrientos desde el inicio de las protestas contra el golpe militar.

"Es como un genocidio. Están disparando hasta a las sombras. Esta situación es como los incidentes (contra la minoría étnica rohingya) de Rajine. Simpatizamos con la situación en las áreas étnicas. Siento que están cometiendo genocidio contra su propia gente", declaró Ye Htut, uno de los organizadores de las protestas en la localidad.

El golpe fue dado horas antes de que el nuevo Parlamento tomara posesión tras las elecciones, en las que un partido opositor vinculado al Ejército denunció irregularidades, si bien los parlamentarios de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de Suu Kyi juraron posteriormente sus cargos en una ceremonia informal y anunciaron que el organismo legislativo estaba en pie.

El CRPH nombró en febrero a Suu Kyi para un segundo mandato como líder 'de facto' del país, al tiempo que anunció el 31 de marzo la abolición de la Constitución de 2008, que a su juicio permite "prolongar la dictadura militar y evitar el surgimiento de una unión federal democrática", y apostó por la creación de un Gobierno de unidad en el país.