La huelga de jueces y fiscales convocada hoy para exigir más medios materiales y personales ha obligado a suspender 550 actuaciones judiciales en Cataluña, entre ellas un centenar de juicios penales y 170 señalamientos de la jurisdicción civil.

Según el balance final del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en total han secundado hoy la jornada de huelga en la comunidad catalana más de 300 jueces, lo que supone el 37 % de las plazas judiciales.

Sobre el total de convocados a la movilización, que eran cerca de 700 -descontando las vacantes y los permisos-, el número de jueces que se han adherido a la huelga son el 43 %, índice que sigue lejos del 62 % que secundó la huelga que las asociaciones judiciales convocaron el pasado mes de mayo.

Por provincias, en Barcelona han seguido la huelga 208 jueces y magistrados, 45 lo han hecho en Tarragona, otros 35 en Girona y 19 en la demarcación de Lleida.

A consecuencia del paro, se han tenido que suspender 550 actos judiciales, entre ellos un centenar de juicios penales y 150 diligencias de instrucción, aunque los servicios mínimos han evitado que se tuvieran que aplazar los trámites urgentes.

En la jurisdicción civil, se han suspendido 170 señalamientos -vistas y juicios-, en la social se han cancelado 66 juicios y en los registros civiles no se han podido llevar a cabo 65 diligencias.

Decenas de magistrados y fiscales, la mayor parte de ellos vestidos con sus togas, se han concentrado este mediodía a las puertas de la Ciutat de la Justicia de Barcelona para escenificar su apoyo a la huelga, encabezados por la juez decana de los juzgados de la capital catalana, Mercè Caso, y la fiscal provincial de Barcelona, Concha Talón.

Caso ha sido la encargada de leer el manifiesto de apoyo a la huelga, con la que jueces y fiscales exigen al Ministerio de Justicia mayores medios materiales y personales, así como mejoras salariales, para poder ofrecer a los ciudadanos "un servicio público de calidad".

El manifiesto reclama también reformas legales para garantizar una mayor independencia de la cúpula del poder judicial, para lo que exigen que 12 de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sean elegidos "por sufragio directo entre los jueces", tal y como recomienda la Unión Europea.