El Supremo trata de poner orden ante el aluvión de querellas contra el Gobierno por la pandemia

Las querellas se dirigen en algunos casos contra el presidente del Gobierno, el ministro Illa o Fernando Simón

El Supremo trata de poner orden ante el aluvión de querellas por la pandemia

J.J. Guillén

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 09:46

El Tribunal Supremo trabaja desde hace semanas en poner orden al aluvión de querellas interpuestas contra el Gobierno por su gestión de la pandemia y el estado de alarma, de manera que busca la fórmula de ver cuales se pueden tratar de manera conjunta antes de remitirlas a Fiscalía para que informe. Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el trabajo se centra en "gestionar" las más de 45 querellas presentadas desde marzo por abogados, asociaciones y partidos políticos, si bien precisan que cada semana suelen entrar al tribunal nuevas.

Esto sucede en el ámbito penal, porque en lo contencioso la Sala III del Supremo también encara al menos 32 recursos contra decisiones del Ejecutivo relativas a la crisis sanitaria, muchos de ellos con solicitud de medidas cautelares sobre las que se han ido pronunciando durante estos meses. Uno de los últimos recursos es el del Gobierno de la Comunidad de Madrid contra la decisión del Ejecutivo de no conceder el pase a la Fase 1 hace unas semanas que, si bien la región ya está en esa fase, el recurso aun mantiene una petición de cautelares al respecto.

Respecto a las querellas y antes de remitirlas al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la admisión o no de las mismas, la Sala de lo Penal del alto tribunal trabaja desde hace semanas en resolver dos cuestiones. Primero, ver cuales de esas querellas son susceptibles de agrupación y tratamiento conjunto, porque no se imputan los mismos hechos en todas ni a las mismas personas. "Hay que verlo bien", dicen desde el Supremo donde anticipan que tienen y tendrán por delante "mucho trabajo de gestión". Y segundo, delimitar la figura de la acusación popular dado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que a las acciones populares se le imponga una única dirección letrada, como sucedió con Vox en la causa del procés, donde varias asociaciones pidieron ejercer la acusación popular. Además, existen otras cuestiones de forma como determinar si se exigen fianzas a las acusaciones populares -algo que suele ser costumbre en el tribunal- y recordar en algunos casos que es preciso un poder especial para ejercer la acusación, trámite no cumplimentado en algunas querellas.

Lo que no hay en el alto tribunal es presión en los tiempos. Tanto es así que el estado de alarma no ha suspendido la actividad jurisdiccional en el Supremo, que ha seguido dictando y notificando sentencias durante todo este tiempo.

Conforme se vayan resolviendo estas cuestiones, que son principalmente de procedimiento, se irá dando salida al fiscal, ajenos a los vaivenes políticos que, destacan las fuentes, generan ruido en el exterior pero no condicionan sus decisiones, más allá de ser conscientes de que éstas serán interpretadas en la arena política. La premisa, subrayan, es "gestionar, con naturalidad y sin prisas".

Las querellas se dirigen en algunos casos contra el Gobierno al completo y en otras contra el presidente, Pedro Sánchez; el ministro de Sanidad, Salvador Illa; e incluso otros cargos del Ministerio de Sanidad, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Se les acusa de delitos de homicidio imprudente, prevaricación administrativa, contra la seguridad de los trabajadores y lesiones por imprudencia profesional.

Entre ellas, destaca la de 116 familiares de víctimas de la COVID-19 contra los 23 miembros del Ejecutivo "como presuntos responsables, criminalmente, de un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave", por "haber permitido por acción o por omisión que la extensión de la pandemia, y el virus Sars-Cov-2, hayan acabado con la vida de los familiares".

O las del Consejo General de Enfermería (CGE) contra Sánchez e Illa por un delito contra la seguridad de los trabajadores, y la de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra el ministro por "presunta actuación negligente" al haber distribuido mascarillas defectuosas entre el personal sanitario.

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