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JUSTICIA BORRÁS

El Supremo remite a Cataluña la investigación contra Laura Borrás

El Tribunal Supremo ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la investigación contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por una supuesta adjudicación irregular de contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2017.,La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha dictado un auto en el que declara la pérdida de su competencia para continuar conociendo de la causa contra Borrás al haber perdido su condic

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 11:50

El Tribunal Supremo ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la investigación contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por una supuesta adjudicación irregular de contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2017.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha dictado un auto en el que declara la pérdida de su competencia para continuar conociendo de la causa contra Borrás al haber perdido su condición de diputada del Congreso, por lo que era aforada ante el Supremo, una vez que fue elegida presidenta del Parlament tras las elecciones del 14F.

En base a ello, el tribunal acuerda remitir testimonio de las actuaciones al TSJC "a los efectos que sean procedentes".

A la espera de lo que decida el instructor que asuma el caso en el TSJC, fuentes jurídicas consultadas por Efe consideran que la causa está ya muy avanzada porque se han practicado la mayoría de diligencias solicitadas por las partes, algunas de ellas encargadas a los Mossos d'Esquadra y otras a la Guardia Civil.

El Supremo abrió causa penal contra Borrás en diciembre de 2019 tras estudiar la exposición razonada remitida por la magistrada-juez del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona por presuntas irregularidades cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

En concreto, se le investiga por la presunta adjudicación irregular a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la ILC, unos hechos que, según el Supremo, podrían constituir delitos de prevaricación y malversación, entre otros.

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