El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de varias defensas de aplazar el inicio del juicio del "procés", señalado para el día 12, y de poner en libertad a los acusados en prisión provisional tras las denuncias de "trato degradante" en los traslados a las cárceles madrileñas.

En un auto, la sala que enjuiciará los hechos desestima las solicitudes de las defensas de Oriol Junqueras, Raul Römeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart para acordar un aplazamiento de tres semanas al alegar que necesitaban tener acceso a la prueba documental, dado que aun no la habían recibido íntegramente tras el auto de admisión de prueba.

Pero el Supremo recuerda a las defensas que, "la prueba documental, a diferencia de lo que expresan los escritos de las defensas, se practica en el plenario, no se anticipa al plenario".

El tribunal añade que "hablar de prueba documental anticipada para referirse a los documentos que han sido reclamados, supone distanciarse del genuino significado procesal de la prueba anticipada", que está contemplado para supuestos de previsible irrepetibilidad de una determinada declaración testifical y que se conoce también como prueba preconstituida.

La Sala también responde en su auto a algunas quejas manifestadas por las defensas en relación a la supuesta vulneración de los derechos de los acusados presos a su dignidad y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes en los traslados policiales.

En concreto, el letrado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull denunció las condiciones del traslado de los presos a cárceles madrileñas, después de que un guardia civil grabara y difundiera un vídeo con "fines de burla y humillación" que denota un "trato degradante".

Pero el Supremo recuerda que el Ministerio del Interior ya está depurando las posibles responsabilidades derivadas de este suceso -el agente fue inmediatamente suspendido y se le abrió un expediente- y que es en ese ámbito donde deben formularse las alegaciones pertinentes.

De manera que el Supremo rechaza acceder a la petición de medidas alternativas a la prisión a raíz de la conducta de alguno de los responsables de la custodia y traslado de los procesados, dado que las razones por la que los nueve acusados se encuentran en la cárcel siguen intactas "y no pueden ser neutralizadas" por este episodio.

Además, el tribunal recuerda que ya "puso en conocimiento de las autoridades responsables del traslado -y ahora reitera- la necesidad de que este se verificara con escrupuloso respeto a la dignidad de los procesados.

También denunció Pina una supuesta vulneración a la presunción de inocencia por parte de la secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, quien, en declaraciones a la BBC, afirmó que el juicio será un reto "para el sistema judicial español" porque "el hecho de que haya líderes políticos que hayan cometido delitos penales que estén siendo juzgados no es algo que ocurra habitualmente".

Unos hechos que, según el Supremo, podrán ser alegadas en el propio juicio.