El presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán, Abdelfatá al Burhan, ha anunciado una amnistía que afecta a antiguos líderes rebeldes, una medida incluida en el histórico acuerdo de paz firmado el 3 de octubre por el Gobierno sudanés y el Frente Revolucionario de Sudán (RSF), una coalición de grupos rebeldes que operan en el país africano.

El decreto firmado por Al Burhan contempla que la medida beneficia "a todos los que portaron armas o participaron en cualquiera de las operaciones militares o de guerra o contribuyeron a cualquier acto o afirmación relacionada con las operaciones de combate".

Sin embargo, el decreto 249/2020 excluye a aquellos cuya orden de arresto ha sido emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) o que están imputados o demandados por su presunta responsabilidad en crímenes contra la Humanidad, crímenes de guerra o genocidio, tal y como ha recogido la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA.

De esta forma, quedan excluidos de la amnistía los responsables de crímenes en la región de Darfur de 2003, entre cuyos principales imputados figura el expresidente Omar Hasán al Bashir. El acuerdo de paz contempla la creación de un tribunal especial para investigar las violaciones de los Derechos Humanos en esta región durante los últimos 17 años.

El decreto ha sido publicado apenas dos días después de la llegada al país de diversos líderes de antiguos grupos armados firmantes del acuerdo de paz, condenados a diversas penas, incluida la de muerte, durante el régimen de Al Bashir por su responsabilidad en ataques contra el Ejército y las fuerzas de seguridad.

Los líderes de los grupos que integran el RSF y Movimiento de Liberación de Sudán-Minni Minnawi (SLM-MM) participarán el 15 de noviembre en celebraciones en la capital, Jartum, por la firma del citado acuerdo. Está previsto que a las mismas acusan los presidentes de Sudán del Sur y Chad, Salva Kiir e Idriss Déby, respectivamente, según el portal de noticias Sudan Tribune.

De acuerdo con la base principal del texto, los grupos armados deberán ser desmantelados a cambio de la participación en el Gobierno y la integración de los combatientes en el Ejército regular. El acuerdo también aborda la cuestión de la seguridad y la justicia, incluida la creación del citado tribunal especial para juzgar los crímenes en Darfur.

Sin embargo, el éxito no es total. La alianza de firmantes de grupos armados no consiguió incorporar a dos importantes facciones: la del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán que encabeza Abdulaziz al Hilu (SPLM-N Al Hilu) y la del Movimiento de Liberación de Sudán de Abdeluahid el Nur (SLM-AW).

Pese a ello, el 'número dos' del SLM-AW, Abdalá Harrán, viajó el lunes a Sudán del Sur para abordar la posible participación de la formación en un proceso de paz con el Gobierno de Sudán. El portavoz del grupo, Mohamed el Nayer, explicó que "esta visita no tiene nada que ver con negociaciones con el Gobierno de Jartum o con la plataforma de conversaciones de paz de Yuba, sobre la que el movimiento dio una opinión clara desde el principio".

El grupo ha resaltado en numerosas ocasiones que sólo entrará en un proceso de paz una vez se haya restaurado la paz y la estabilidad en la región de Darfur. Los esfuerzos del primer ministro sudanés, Abdalá Hamdok, de abrir un proceso de conversaciones directas han fracasado hasta la fecha.

El Gobierno sudanés ha hecho de la paz con los rebeldes que luchan contra Jartum una de sus principales prioridades, ya que supone una de las condiciones clave para que Estados Unidos saque al país de la lista de patrocinadores del terrorismo, algo ya anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.