El Tribunal Supremo ha advertido que para aceptar que Carles Puigdemont sea puesto a disposición judicial de España, Bélgica deberá apreciar un delito de sedición y no únicamente el delito de malversación de caudales públicos. Cabe recordar que el magistrado Pablo Llarena activó tras la sentencia del ‘procés’ la orden de busca y captura europea. La postura de Llarena no implica que la eurorden quede en suspenso, de tal manera que si el expresident de la Generalitat saliese del país centroeuropeo, sería detenido.

La Fiscalía de Bruselas recibió el mismo lunes la orden de detención europea emitida por los tribunales españoles contra Carles Puigdemont, escrito en español. Sin embargo, la Fiscalía belga aún no ha comenzado a actuar, ya que la Justicia española debería haber emitido la orden en uno de los tres idiomas nacionales del país belga o bien en inglés. Nuestro país ha reconocido el error, y ya está trabajando para traducir la solicitud durante la próxima semana.

Mientras, el proceso judicial se encuentra paralizado. De hecho, los asesores jurídicos de Carles Puigdemont aún no ha recibido ninguna comunicación y sigue disfrutando de una total libertad. Tanto es así que a día de hoy no tiene por qué comparecer ante las autoridades y puede desplazarse sin notificación previa. Una vez llegue la traducción oficial, el procurador del Rey examinará si la petición no tiene errores de forma, si consta de la información necesaria y si los cargos que se presentan (sedición y malversación) están recogidos en el Código Penal belga.

La comunidad internacional resta importancia al problema catalán 

Una de las principales obsesiones del independentismo ha sido 'internacionalizar' la sentencia del procés para quedar, ante los ojos de la opinión pública internacional, como víctimas de la justicia española. Sin embargo, esta estrategia cada vez surte menos efecto y el nacionalismo catalán está perdiendo esta partida. Se puede comprobar en la la rueda de prensa institucional independentista en Alemania a la que solo acudió un periodista, la poca repercusión que le ha dado la prensa internacional, la cancelación de la reunión del Govern con sus cónsules para explicar la sentencia, o el apoyo de las principales potencias europeas a la justicia española.

La Oficina de Representación de Cataluña en Alemania había elegido para la ocasión la Casa de la Prensa, la sede de los principales medios internacionales de la capital alemana. La convocatoria de la rueda de prensa para valorar la sentencia de ayer había sido enviada, como de costumbre, tanto a los medios alemanes como a la Asociación de la Prensa Extranjera, que agrupa a los corresponsales permanentes en Alemania. Y en la sala 0107 había sido dispuesto un desayuno con croissant recién hechos, ensalada de frutas, café y bebidas, para los periodistas. Pero si en ocasiones anteriores convocatorias como esta habían recibido una amplia respuesta de los medios alemanes, esta vez el esfuerzo de comunicación exterior fue ignorado por completo. Solamente un periodista alemán ha acudido a la cita, un free lance que ha publicado artículos en Junge Welt, diario de izquierda radical que funciona como una cooperativa. El número de desplazados desde la Oficina de Representación de Cataluña a la Casa de la Prensa para atender a los medios multiplicaba por tanto por seis a los representantes de éstos.

Tras un discurso de la directora de la Oficina, Maria Kapretz, en el que ha denunciado que en España se violan las libertades civiles y que hay “una justicia de dos clases en beneficio de las élites”, ha dado paso a las preguntas. El único periodista asistente se ha interesado por los pasos a seguir a partir de ahora, a lo que Ignacio Portela ha respondido que recurso de amparo y Tribunal de Estrasburgo. Como no había más preguntas, el acto ha concluido quince minutos después de haber empezado.

La nula atención que ha recibido esta convocatoria denota un cambio significativo en la comunicación exterior de la cuestión catalana y adelanta un fracaso en los intentos de internacionalización del conflicto. El portavoz del gobierno alemán, Stefen Seibert, ha dejado claro que Alemania, como el resto de la UE, respeta las decisiones de los tribunales españoles y ni siquiera las comenta. También ha repetido, tras conocerse la sentencia, que “Alemania considera que el conflicto debe resolverse de forma interna en España, de acuerdo a las leyes y a la Constitución españolas”.