La Asociación Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que solo el 9 % de la población que vive en el umbral de la pobreza cobra una renta mínima de inserción autonómica, un porcentaje que esconde diferencias territoriales que van de la cobertura del 61,8 % del País Vasco al 1,7 % de Castilla-La Mancha.

La asociación, que analiza datos del Ministerio de Derechos Sociales correspondientes a 2020, asegura que siete comunidades (Madrid, Aragón, Baleares, Galicia, Castilla y León, Castilla la Mancha y La Rioja) redujeron el presupuesto y el número de beneficiarios de rentas mínimas en el año de la pandemia "con la coartada del ingreso mínimo vital" que se puso en marcha a mediados de ese año.

Según su informe, Madrid fue la comunidad que más redujo el número de personas beneficiarias (12.471 menos), Cataluña la que más lo aumentó (42.414 personas) y la Comunidad Valenciana la que más elevó la cobertura respecto a las personas en situación de riesgo de pobreza (2,72 puntos más).

A cierre de 2020 por detrás del País Vasco (61,8 %) se situó Navarra con una cobertura del 59,6 % de personas beneficiarias sobre su umbral de pobreza, seguida de lejos por Asturias (19,2 %), Cantabria (16,8 %), Cataluña (12,3 %), Aragón (10,9 %) y Baleares (10,2 %).

Detrás se situaron Madrid (8,4 %), Castilla y León (8,3 %), Extremadura (7,6 %), Comunidad Valenciana (6,9 %), La Rioja (6,7 %), Murcia (6,4 %) y Andalucía (5,3 %).

A la cola, Galicia (4,6 %), Canarias (3,3 %) y Castilla-La Mancha (1,7 %).

De acuerdo con los gerentes de servicios sociales, la cuantía media por perceptor de rentas mínimas de inserción en el conjunto de España supone el 15,3 % de la renta media por hogar, un cuantía "extremadamente baja" que ha bajado 2 puntos desde 2019 "condicionado probablemente por la aparición del ingreso mínimo vital".