La posibilidad de que el vicepresidente Pablo Iglesias sea imputado por el Tribunal Supremo por el caso Dina ha llegado en un momento delicado para el Gobierno, justo cuando parecía que había encarrilado la tramitación de los presupuestos y le toca lidiar con la segunda ola de la pandemia.

Con los presupuestos sin aprobar, la incertidumbre económica y una guerra abierta con la Comunidad de Madrid por el control de la pandemia que ha acabado en la imposición del estado de alarma, la situación judicial de Pablo Iglesias parece haberse asumido en el Gobierno de coalición con cierta calma y sin excesiva preocupación.

No era esperable algo distinto porque lo que dañe a una parte daña al conjunto del Gobierno, pero en Podemos agradecen el cierre de filas del presidente, que no solo llamó por teléfono a su vicepresidente sino que hizo pública una posición de apoyo a las pocas horas de conocerse la resolución del juez del caso Villarejo.

Un apoyo que no obstante Pedro Sánchez restringe a la actividad política de Iglesias, ya que el presidente sí ha remarcado su respeto a las decisiones judiciales. Y en Moncloa marcan distancia de una investigación, que, en caso de producirse, afectaría a hechos anteriores a la llegada de Podemos al Gobierno.

Está por ver si Sánchez escenificará próximamente la unidad de la coalición en el acto pactado con Iglesias para presentar el proyecto de Presupuestos, o si, por el contrario, retrasará esa cita. El acuerdo del PSOE y Podemos sobre el borrador de presupuestos no está lejos, pues el texto está avanzado, a falta de cerrar flecos sobre todo fiscales.

En la formación de Iglesias admiten que la situación actual, cuyos daños dan por controlados por ahora, se recrudecería en el caso de que el Tribunal Supremo decidiese imputarlo, pero ven complicado que eso suceda, pues entienden que no hay "base jurídica" en la exposición razonada del juez, que le relaciona con delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa.

En Podemos recuerdan que un informe judicial desvinculó a Iglesias de los daños en la tarjeta; que la revelación de secretos requiere de que el perjudicado denuncie mientras que en este caso la posible afectada, Dina Bousselham, ha expresado su perdón; y que la denuncia falsa requeriría, para ser juzgada, fallar primero sobre el fondo del caso, en el que se investigaba el supuesto espionaje a la formación.

De ahí que Iglesias haya enmarcado en una persecución contra él y su partido la decisión del juez Manuel García Castellón, a quien en Podemos consideran alineado con los poderes que buscan echarlos del Gobierno. En ese contexto lamentan un "ensañamiento mediático" con Iglesias por unas acusaciones que consideran que no se sostienen.

El juez acusa a Iglesias de construir un relato ante su electorado en el que aparecía como "víctima de una persecución política" para intentar lograr ventaja en los comicios de abril de 2019, en el marco de la investigación por el robo del móvil a su exasesora, Dina Bousselham, cuyo contenido apareció en medios de comunicación. "Es una guerra y despliegan todas sus armas", explicitan desde la dirección del partido, que consideran un despropósito y un ataque a la coalición en su conjunto una imputación de Iglesias, que previsiblemente haría muy difícil su continuidad en el Gobierno.

Porque en la situación actual el apoyo del PSOE es cerrado -salvo en lo que respecta a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ayer evitó dar un espaldarazo a Iglesias- pero el escenario y la presión sería distinta si la imputación se concretase.

En Podemos nadie duda de que el partido saldría en tromba a cuestionar a la Justicia, y más en un contexto en el que el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) genera en la dirección la sensación de que son "rehenes" de los designios de una mayoría de jueces conservadora. El propio vicepresidente dijo ayer que sería "una vulneración del Derecho sin parangón" que lo imputasen, llevando un paso más allá su histórica controversia con el poder judicial, cuya independencia efectiva ha puesto en duda desde sus inicios.

Iglesias llegó a proponer en 2015 que los miembros del Consejo General del Poder Judicial se eligiesen directamente por la ciudadanía, pero su grupo en el Congreso negocia ahora con el PSOE una propuesta que acabe con el bloqueo en el CGPJ, cuya renovación el PP se niega a negociar mientras Podemos esté en el Gobierno.

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La propuesta de Unidas Podemos es una reforma de la ley orgánica del poder judicial para que los magistrados con mandato caducado "no puedan tomar decisiones trascendentes" como nombrar magistrados, del mismo modo que un Gobierno en funciones también está limitado.