Este lunes arranca el Año Judicial con un acto en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, que será presidido por el Rey acompañado de las principales figuras de la carrera judicial. Será el pistoletazo de salida a un año marcado por la sentencia del 'procés', que convulsionará aún más el panorama político nacional.

Está previsto que la resolución se dicte durante el mes de octubre, después de fechas tan señaladas en Cataluña como la Diada, y tras haberse despejado la incógnita sobre una posible repetición electoral.

La ponencia de la sentencia le corresponde al magistrado Manuel Marchena, que prepara una resolución prolija y extensa. El tribunal busca la unanimidad del resto de magistrados en todos los argumentos, para lo que se ha venido reuniendo periódicamente desde que acabó el juicio. Además, de ser condenatoria, se espera que los dirigentes independentistas recurran ante el Tribunal Constitucional en amparo y ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

SENTENCIA DE LOS ERE

En el horizonte también está la sentencia de los ERE. Aunque no hay una fecha concreta, se prevé que sea dictada entre octubre y noviembre, lo que podría coincidir con un hipotético escenario electoral.

El proceso quedó visto para sentencia el pasado 17 de diciembre tras un año y 152 sesiones. Con los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán como protagonistas del banquillo de los acusados, el socialismo andaluz está contra las cuerdas. Chaves se enfrenta a 10 años de inhabilitación por prevaricación y Griñán a seis y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación. Junto a ellos fueron juzgados seis de sus exconsejeros y otros 14 exresponsables políticos.

CASO PÚNICA

Esta semana también se ha conocido la imputación de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en el caso Púnica, la macrocausa de corrupción en la Comunidad que se investiga desde 2014.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón quiere conocer su papel en la trama liderada por el exconsejero Francisco Granados y en la financiación irregular del PP madrileño entre 2003 y 2011.

García Castellón considera que Aguirre ejercía la "supervisión" de la supuesta caja b del partido en la Comunidad, mientras que Cifuentes está siendo investigada por la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.

EXHUMACIÓN DE FRANCO

Además, se prevé que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resuelva este otoño si autoriza o no la exhumación de los restos de Franco de la basílica del Valle de los Caídos. En verano acordó la suspensión cautelar de la exhumación para evitar el perjuicio que se causaría si exhumados, estimara el recurso de la familia y fuera preciso devolverlos al lugar en que se encuentran.

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