Seis personas migrantes han fallecido en centros de internamiento de extranjeros (CIE) en España entre 2010 y 2019, tres de ellos en el CIE de la Zona Franca de Barcelona, según el Gobierno.

El Ejecutivo ha contestado así a la pregunta formulada por el senador de Compromís Carles Mulet sobre el número de fallecimientos que se han producido en estos centros en los últimos diez años.

El Ejecutivo detalla que esas seis muertes tuvieron lugar en los CIE de Zona Franca de Barcelona (una en 2010, otra en 2012 y una tercera en 2013), en el de Aluche en Madrid en 2011 (se trata del caso de la migrante congoleña Samba Martine, que falleció en el Hospital 12 de Octubre), en el centro penitenciario Málaga II en 2017 (habilitado temporalmente como CIE) y la sexta muerte, en Zapadores de Valencia en 2019.

El senador Mulet también preguntó al Ejecutivo por las denuncias por posibles casos de tortura, agresiones o malos tratos que se hayan podido dar en los CIE en los últimos diez años.

El Gobierno ha contestado que desde 2015 la Secretaría de Estado de Seguridad realiza inspecciones sistemáticas en todos estos centros de internamiento y no consta que se hayan formulado denuncias por presuntas torturas por parte de los internos o de otras personas.

El Ejecutivo ha asegurado que los CIE son "establecimientos públicos sometidos a un amplio control social e institucional" que tienen "frecuentes visitas e inspecciones" de los juzgados de control jurisdiccional, la Fiscalía Delegada de Extranjería, la Oficina del Defensor del Pueblo y la Secretaría de Estado de Seguridad.

"La constante grabación de las cámaras de seguridad hace que cualquier maltrato o abuso pudiera ser rápidamente descubierto e inmediatamente corregido", ha defendido el Gobierno, que ha matizado que las quejas que se producen en los CIE suelen originarse por los problemas de convivencia y generalmente son resueltas en el ámbito del mismo CIE con el conocimiento del juzgado de control jurisdiccional.

El senador de Compromís ha pedido el cierre definitivo de "estas cárceles de inmigrantes", donde distintas organizaciones denuncian que se producen "vejaciones, opacidad, agresiones y falta de celo en las medidas de custodia sobre personas que no han cometido ningún delito".