Josep Fusté

Los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Turull han pasado en apenas nueve meses de una fallida investidura como presidente de la Generalitat, cargo al que optaron sin éxito antes que Quim Torra para relevar a Carles Puigdemont, a iniciar en prisión una huelga de hambre indefinida.

El expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el exconseller de Presidència y también diputado de ese grupo Jordi Turull han iniciado hoy una huelga de hambre indefinida para denunciar que el "bloqueo" del Tribunal Constitucional (TC) a sus recursos de amparo les impide "acceder a la justicia europea".

Sànchez, para quien la Fiscalía pide 17 años de cárcel por un delito de rebelión, fue junto al líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, el primer líder independentista en ingresar en prisión por la causa judicial abierta a la cúpula del proceso unilateral a la independencia, concretamente el 16 de octubre de 2017.

Tras las elecciones del pasado 21 de diciembre, en las que el independentismo revalidó la mayoría absoluta en el Parlament, el presidente de la cámara, el republicano Roger Torrent, propuso hasta en dos ocasiones la investidura de Sànchez como presidente de la Generalitat, ante la imposibilidad de elegir a distancia a Carles Puigdemont, huido a Bélgica.

Torrent convocó para el 12 de marzo el primer pleno para investir a Sànchez, un activista con una dilatada trayectoria vinculada al independentismo y a la defensa de los derechos civiles, si bien no se pudo celebrar la sesión porque el Tribunal Supremo denegó su excarcelación.

JxCat optó entonces por un plan C, que pasó por intentar investir a Jordi Turull, que se sometió a la primera sesión en el Parlament el jueves 22 de marzo de 2018, aunque no logró la mayoría absoluta requerida porque la CUP se abstuvo.

Al día siguiente, viernes 23 de marzo, Turull compareció en el Tribunal Supremo ante el magistrado Pablo Llarena, que acordó enviarle a prisión preventiva tras procesarle en la causa sobre el proceso unilateral a la independencia.

Turull, para quien la Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión, había sido encarcelado el 2 de noviembre de 2017 en la causa por el "procés", pero quedó en libertad el 4 de diciembre tras el pago de una fianza de 100.000 euros.

En las elecciones del 21-D, Turull, un político que ha desarrollado toda su trayectoria en la antigua Convergència y posteriormente en el PDeCAT, obtuvo el acta de diputado de JxCat, al igual que Sànchez, en la lista encabezada por Carles Puigdemont.

Tras su investidura frustrada, Turull lamentó, ya entre rejas, que había sido un "golpe duro" pasar en 24 horas de "presidenciable a presidiario" y denunció ante el Supremo que se precipitó su segundo ingreso en prisión tras su posicionamiento para ser elegido presidente de la Generalitat.

"Es la primera vez que vemos que un país democrático, en medio de una investidura, encarcela al candidato para evitar que sea investido", denunció Turull en un escrito remitido al Supremo el 9 de mayo pasado.

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Con Turull de nuevo en prisión, la plataforma política liderada por Carles Puigdemont optó otra vez por intentar la investidura de Jordi Sànchez, ante lo que el presidente del Parlament llegó a convocar un tercer pleno de investidura para el viernes 13 de abril.

Sànchez pidió de nuevo a Llarena que le permitiera salir de prisión para someterse a la investidura, e incluso planteó la posibilidad de participar en una sesión a distancia a través de videoconferencia.

Sin embargo, Llarena se opuso a la excarcelación de Sánchez, al considerar que existía riesgo de reiteración delictiva y que, como presidente de la Generalitat, podría quebrantar la Constitución española.

Ante esta situación, Torrent acordó el jueves 12 de abril aplazar "sine die" el pleno de investidura, hasta que finalmente la mayoría independentista optó por Quim Torra, que fue elegido presidente catalán el 14 de mayo, a ocho días de que venciese el plazo límite para la convocatoria automática de elecciones.

Con el nuevo Govern de Torra ya constituido, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó el pasado 12 de junio investigar a Turull por un delito de insolvencia punible, por ceder a su esposa una parte importante de su patrimonio meses antes del 1-O, ante la "inminencia" del proceso penal por la hoja de ruta independentista.

Sin embargo, a instancias de la Fiscalía, que fue quien en mayo se querelló contra Turull, el TSJC acordó el 19 de noviembre pasado archivar la causa contra el exconseller, al no poder acreditar suficientemente los indicios. En el marco de esta causa, Turull alegó que cedió parte de su patrimonio a su mujer porque temía por su salud.