El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha hecho un llamamiento este sábado a "recuperar la lealtad institucional en el ejercicio de la política" y, en esta línea, ha apelado también a los grupos del Congreso a apoyar unos Presupuestos del Estado para 2021 "dejando al margen ideologías políticas".

El líder de la principal patronal catalana ha hecho esta reflexión durante su intervención en el II Foro La Toja, celebrado en Pontevedra, donde ha moderado un debate con los presidentes autonómicos de Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha, ha informado Foment en un comunicado.

Sánchez Llibre ha tildado de "imprescindible" recuperar el valor de la lealtad institucional en la política, algo que "actualmente no forma parte de la actuación de algunos políticos", ha lamentado.

"Sin este valor es inviable un correcto funcionamiento del sistema democrático y, además, provoca la falta de respeto a las instituciones", ha añadido el también vicepresidente de la CEOE.

"La ausencia de lealtad institucional provoca que la diversidad derive en agravios comparativos, actitud que es perversa para que las cosas funcionen correctamente", ha alertado Sánchez Llibre, que ha reivindicado que el Senado sea una "auténtica cámara de representación territorial para hacer los debates propios del Estado de las Autonomías".

Por otra parte, Sánchez Llibre ha opinado que, ante el actual contexto de pandemia, los grupos parlamentarios deberían hacer posible la aprobación de unos presupuestos generales del Estado para 2021 "que permitan la recuperación de la economía".

Aparcar las diferencias políticas para permitir que salga adelante el presupuesto sería "una señal de cara a las autoridades europeas para la llegada de los fondos de recuperación y un paso importante para la reindustrialización de la economía" tras la crisis de la COVID-19, ha argumentado.

Asimismo, el expolítico de UDC ha asegurado que la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de "definir bien" cada ámbito competencial entre las diferentes administraciones, de "agilizar los procedimientos administrativos", de reducir costes y de "mejorar mucho" la coordinación entre Gobierno y comunidades. EFE