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Sánchez evita tomar partido en el conflicto entre el Congreso y el Supremo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado pronunciarse sobre el fondo del conflicto entre el Congreso y el Tribunal Supremo acerca de la continuidad en el escaño del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, ya que es una cuestión que "se debe dirimir" entre ambos poderes del Estado.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 17:51

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado pronunciarse sobre el fondo del conflicto entre el Congreso y el Tribunal Supremo acerca de la continuidad en el escaño del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, ya que es una cuestión que "se debe dirimir" entre ambos poderes del Estado.

En una rueda de prensa en Bruselas, Sánchez ha expresado el respeto de Ejecutivo a la independencia de esos poderes, en este caso del Judicial y del Legislativo.

"Se ha pronunciado ya el Supremo y ahora se tendrá que pronunciar el Poder Legislativo en breve", ha puntualizado.

De momento la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no ha tomado ninguna decisión sobre la situación de Alberto Rodríguez después de que hace unas horas el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, le haya vuelto a remitir un escrito para dejarle claro que la sentencia conlleva la pena de "inhabilitación especial" durante el tiempo de esta condena tal como obliga el Código Penal.

Marchena subraya que Rodríguez fue condenado a mes y medio de cárcel, pena que "solo a exclusivos efectos de ejecución" fue sustituida por multa de 540 euros.

No obstante, fuentes del alto tribunal han señalado a EFE que la ejecución de esta inhabilitación se vincula al artículo 21 del Reglamento del Congreso que señala una "suspensión" de su escaño.

"El diputado quedará suspendido en sus derechos, prerrogativas y deberes parlamentarios cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o cuando su cumplimiento implique la imposibilidad de ejercer la función parlamentaria", incide este precepto, mientras que el artículo 6.2 de la Ley Electoral añade que son "inelegibles" los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, en el periodo que dure la pena.

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