(Actualiza la CG3061 con más argumentos del PP)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido hoy la legalidad de la enmienda que permitirá sortear el "anacrónico" veto del PP en el Senado a los objetivos de déficit público, una argucia parlamentaria que los populares consideran un "fraude de ley" y que amagan con llevar al Tribunal Constitucional.

Los socialistas presentaron ayer una enmienda al proyecto de reforma de la Ley del Poder Judicial sobre violencia de género que, a su vez, modifica la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar que el Senado -en el que el PP tiene mayoría absoluta- tenga la última palabra sobre los objetivos de déficit.

Una triquiñuela legislativa que se ha empleado con gobiernos de todo signo político pero que el líder del PP, Pablo Casado, considera un ejercicio de "autoritarismo" porque trata de "amordazar el Senado" a través de una enmienda a una ley que nada tiene que ver con la Ley de Estabilidad y que es "inconstitucional".

"Al igual que en Venezuela, cuando a ustedes no les gusta una Cámara o la duplican o la cierran", ha denunciado.

El PP ya ha anunciado que tratará de frenar la tramitación de esa enmienda. Lo primero que ha hecho es pedir por escrito a la Mesa de de la Comisión de Justicia -que se reúne mañana- que no admita la enmienda a trámite y al mismo tiempo ha pedido el amparo a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en defensa de sus derechos como grupo parlamentario.

Si ello fracasa, presentarán un recurso de alzada ante la Mesa del Congreso, donde PP y Cs tienen mayoría, y si tampoco hay suerte, no descartan acudir al Tribunal Constitucional para evitar ese "filibusterismo parlamentario".

Apoya al PP en esas tesis Ciudadanos, que también ha solicitado a la Mesa de la Comisión de Justicia que no admita a trámite la enmienda de los socialistas.

Albert Rivera ha criticado a Pedro Sánchez por no tener "escrúpulos" al aprovechar una causa "tan sensible, tan transversal e importante" como es la violencia machista para introducir una enmienda que considera "inconstitucional".

Según Rivera, el Gobierno pretende "cargarse ni más ni menos de un plumazo" al Senado para sacar adelante de manera "fraudulenta" los presupuestos de 2019.

Por contra, Pedro Sánchez ha argumentado que esa enmienda trata de modificar una ley "anacrónica" retirando la capacidad de veto de la Cámara Alta, una prerrogativa que, a su juicio, no tiene en ninguna otra ley.

"En realidad lo que queremos es desbloquear este debate necesario que tiene una mayoría parlamentaria detrás, y una minoría, la del PP y Cs lo está bloqueando en la Mesa del Congreso", ha defendido en su intervención durante la sesión de control en el Congreso.

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Su partido, el PSOE, está convencido de que la Mesa del Congreso -a la que ha acudido en amparo el PP- no puede bloquear el atajo legal que ha ideado el Gobierno para evitar el veto del PP a los objetivos de déficit.

Sostienen los socialistas que han sido precisamente los 'populares' los que "más han utilizado esa argucia" cuando han gobernado y considera que la Mesa de la Comisión de Justicia -la encargada de tramitar la reforma- es "soberana" para dar luz verde a su debate.

El PSOE argumenta que la enmienda tiene una motivación presupuestaria y debe ser aceptada alegando la urgencia de flexibilizar los objetivos de déficit para que haya más recursos destinados a la Administración de Justicia y a la violencia de género.

En esta línea, el PDeCAT ha acusado al PP y a Cs de "abusar" de su mayoría en la Mesa del Congreso para bloquear la tramitación urgente de la reforma de la Ley de Estabilidad, que pretende ampliar en 6.000 millones el techo de gasto.

La polémica enmienda registrada por el PSOE ha recuperado una práctica, la de retocar normas a través de otras con las que no guardan relación, que ha sido habitual en el Parlamento desde hace años.

Durante los diferentes gobiernos de PSOE y PP, ambos partidos han recurrido a esta 'triquiñuela' procedimental, bien en el Congreso o en el Senado, lo que han considerado justificado cuando estaban en el poder y una maniobra tramposa cuando estaban en la oposición.

Esta discutida técnica legislativa ha llegado en varias ocasiones al Tribunal Constitucional que ha dictado sentencias de diferentes signo.

A instancias precisamente del PSOE, el TC anuló en 2011 una reforma del Código Penal que el PP había introducido en el Senado mediante enmiendas a la Ley de Arbitraje.

La sentencia anuló esa reforma al considerar, entre otros motivos, que no tenía conexión con el proyecto enmendado.

Esta resolución del TC es una de las que el PP utiliza como argumento para justificar su rechazo a la enmienda introducida ahora por los socialistas, precisamente el día en que el pleno del Congreso admitió a trámite una proposición de ley en el mismo sentido.

Por contra, el PSOE considera que la doctrina del Constitucional fijada en esa sentencia se refiere únicamente a la modificación mediante enmiendas en el Senado y no afecta a la actividad legislativa en el Congreso.