La aprobación por el Congreso de los segundos presupuestos generales del Estado del Gobierno de Pedro Sánchez certifican la estabilidad de la legislatura y afianzan la hoja de ruta del Ejecutivo con el objetivo de agotar su mandato y seguir aplicando sus políticas hasta finales de 2023.

Esa estabilidad ha venido de la mano de los socios habituales de Sánchez desde su investidura, con especial protagonismo de los partidos nacionalistas y, en particular, de ERC.

Han sido 188 votos los que han apoyado las cuentas del Estado para 2022, los mismos que obtuvo el proyecto de ley presupuestario para el presente año.

Una cifra que suma los escaños de los diputados del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, PDeCat, Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe.

El único cambio respecto a la votación de los anteriores presupuestos es que el BNG ha pasado del 'no' a la abstención.

En contra han votado 157 diputados, con PP, Vox y Ciudadanos a la cabeza, y ha habido 2 abstenciones.

Son más de 200 enmiendas las que ha incorporado el proyecto de ley presupuestario a su paso por el Congreso, que lo remitirá ahora al Senado para proseguir su tramitación.

El Ejecutivo tiene la intención de que en la Cámara Alta no se introduzcan nuevas enmiendas y los presupuestos puedan aprobarse definitivamente el 22 de diciembre.

Pero existe una duda con el PNV, ya que su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, pese a apoyar las cuentas, advirtió esta semana de que la negociación no estaba cerrada y podrían extenderla hasta el Senado.

Si presentara alguna enmienda, fuentes del Gobierno aseguran no estar cerrados a estudiarla y a incorporarla al proyecto, lo que obligaría a que los presupuestos volvieran al Congreso para una última votación en la semana del 27 de diciembre.

Pese a la actitud del PNV, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que este partido sigue siendo su "socio absolutamente prioritario".

No obstante, ERC ha ido ganando protagonismo en la negociación y dejó claro su apoyo a los presupuestos desde que consiguió el compromiso del Gobierno de que la Ley Audiovisual fijaría una cuota para las lenguas cooficiales.

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El apoyo de ERC o de EH Bildu ha sido uno de los argumentos de la oposición para atacar el texto presupuestario.

Así, en las intervenciones finales del debate, la portavoz del PP, Elvira Rodríguez, ha destacado la falta de credibilidad de unas cuentas realizadas al dictado de esas formaciones con el fin de aprobarlas "al precio que sea".

En nombre de EH Bildu, su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha considerado que la aprobación llega gracias a "la decisión de las izquierdas independentistas vasca y catalana de mantener abierta la ventana de oportunidad abierta hace dos años", y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha recalcado: "las izquierdas en este hemiciclo estamos frenando retrocesos".

Pedro Sánchez, que ha asistido a las votaciones finales de los presupuestos, se ha limitado a afirmar ante los preguntas de los periodistas que estaba contento y satisfecho por su aprobación, pero no ha hecho más valoraciones públicas al respecto.

Fuentes del Ejecutivo sí han destacado la trascendencia que tiene este aval ya que despeja "las pocas dudas que había" de que la legislatura estaba encarrilada y con la vista puesta en seguir aplicando políticas progresistas hasta 2023.

Aseguran que el objetivo es aprobar otros presupuestos más en esta legislatura, y ante la posibilidad de que se puedan desmarcar ya entonces algunos socios por la cercanía electoral, señalan que todo lo que ha ido planeando el Gobierno, se ha cumplido.

Una vez aprobados los presupuestos en el Congreso, el Ejecutivo pretende volcarse en aprobar la reforma laboral y la reforma del sistema de pensiones.

De todas las enmiendas incorporadas a los presupuestos, la gran protagonista ha sido la creación de un fondo covid autonómico dotado con 9.362 millones de euros, una iniciativa de JxCAT que salió adelante con el apoyo de PP, Vox, EH Bildu, ERC y CC y la oposición de PSOE, Unidas Podemos y PNV.

La mayoría de las más de 200 enmiendas incluidas suponen inversiones territoriales, infraestructuras o beneficios fiscales para eventos. EFE

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