Rafael Martínez

A Jordi Sànchez no le ha hecho falta recurrir al Virolai de Junqueras para tratar de desmontar la violencia que le atribuye la Fiscalía por su rol el 20-S. Ha combatido, sí, pero dialécticamente con el fiscal para negar la mayor, la rebelión. Lo suyo solo fue una indignación.

Su interrogatorio ha sido, de largo, el más tenso y duro hasta la fecha. Y, sin perder las formas, se ha batido en el fango jurídico en el que se ha transformado su comparecencia con el acusador, consciente este último de que se estaba jugando el núcleo de la acusación de rebelión, que soportan los Jordis por lo que ocurrió aquel día.

El fiscal Javier Zaragoza no ha escatimado en repreguntar por cualquier detalle de lo que ocurrió en esa 16 horas de "asedio" o "concentración", según el interlocutor. Poco le han importado las advertencias del tribunal por su insistencia. Pues el fin era probar la rebelión, una responsabilidad que ha asumido tras echarse en falta en otros interrogatorios de la Fiscalía.

Jordi Sànchez, sereno, aunque sin tirar de los documentos que tenía sobre la mesa, ha recalcado en varias ocasiones que la semana que viene cumplirá 500 días en prisión preventiva, una efeméride que ha recordado mezclando su impotencia pero también su pragmatismo, pues otra cosa no, pero tiempo ha tenido de sobra para estudiarse la lección y repasar al detalle lo que ve como "un juicio político".

Como era de esperar, ha hecho gala de los mantras del procés. La no violencia, el pacifismo, el derecho a la manifestación, la pasividad y la democracia ciudadana. Aspectos todos ellos nucleares en su estrategia de defensa para ceñir los acontecimientos del 20 de septiembre en la Consellería de Economía a una mera protesta.

Ahora bien, con unos cuantos miles de personas más de los que Sànchez predijo. Esos 2.000 personas que comunicó a las autoridades parece a todas luces una cifra irónica, si se compara con las 50.000 personas que se apostaron para "defender las instituciones". Nada más, pero tampoco nada menos, ha dicho el acusado.

Lamentablemente, como así ha reconocido, fue la primera vez en que se produjeron daños en un acto convocado por la ANC. Por eso está en el banquillo. Por los destrozos a los siete coches patrulla de la Guardia Civil, por la imposibilidad de asegurar un pasillo para que saliera la comitiva judicial, encajonada en el edificio, y sobre todo, por aquellas armas largas que encendieron todas sus alarmas.

Cuestiones todas ellas que ha encarado con una defensa que implícitamente pone en un aprieto a la actuación de la cúpula de los Mossos d'Esquadra con el mayor Trapero a la cabeza pero sin olvidar al conseller de Interior, Joaquim Forn.

Porque sorprende que un civil, un representante de una entidad privada sea -sin olvidar a Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural- el encargado de establecer un perímetro para garantizar la entrada y salida de la comitiva, porque el conseller competente y también el jefe de la policía autonómica catalana en la materia así se lo pida.

O que mantenga un número ilimitado de conversaciones con el mayor Josep Lluís Trapero respecto a la seguridad de la concentración a quien comunicó tras recibir la enésima llamada de una autoridad -en este caso, un teniente de la Guardia Civil- que le advertía de la presencia de armas largas en aquellos coches "con pegatinas".

Dada la espontaneidad de la concentración, Sànchez admite que no tuvo tiempo para sentarse con la autoridades para departir sobre el operativo, como era la tónica habitual en los actos de la ANC.

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Pero como los responsables se conocían personalmente, eso facilitó la labor. Ese compadreo institucional puede jugar en su contra, pues como le ha recordado el fiscal, da la impresión de que actuó como el mayor de facto sobre el terreno.

La duda está en demostrar si esto fue así por delegación de terceros, por asunción ante la pasividad de otros o por protagonismo personal, como el líder bicéfalo del pilar cívico-social que la Fiscalía atribuye a la estrategia independentista.

Y es que ya sea por teléfono o presencialmente, Sànchez despachó con Forn, Trapero, con la intendente de los Mossos Teresa Laplana, con el teniente de la Guardia Civil y hasta con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la primera en advertirle de los registros, como si existiera un protocolo institucional, con un apartado para los Jordis que reza: activar a la sociedad civil.

Jordi Sànchez es consciente de que su acusación es de largo la que menos empatía genera en la sociedad civil catalana y también entre la prensa extranjera. Lo sabe y no rehuye el combate, porque él se viste de rebelde, pero con causa.