Aprovechando la llamada ley de "memoria democrática", el Gobierno de Pedro Sánchez investigará una pandemia vivida en la década de los años 50. Esta intención queda reflejada en la disposición adicional undécima del proyecto de ley de Memoria Democrática.

En este sentido, el Gobierno dirigido por por PSOE y Unidas Podemos buscará "el reconocimiento del sufrimiento de las personas afectadas por dicha pandemia del Poliovirus y promoverá estudios e investigaciones para esclarecer la verdad de los sucedido a este respecto durante la dictadura franquista".

Esta investigación se encuentra sujeta a la Ley de Memoria Democrática, que cuenta con 65 artículos agrupados en 5 títulos.En uno de estos artículos se reconoce "el sufrimiento padecido por las personas que fueron afectadas por el Poliovirus durante la pandemia que afectó a nuestro país en los años 50 del pasado siglo".

Para intentar alcanzar todos los objetivos que se marca el Gobierno se promoverán investigaciones y estudios que intenten esclarecer todo lo ocurrido.

Además también se incentivarán medidas de carácter sanitario y social en favor de las personas afectadas por la polio. Todo ello en medio de una pandemia que sigue provocando muertes a diario y en mitad de un proceso de vacunación necesario para intentar recuperar la normalidad anterior al mes de marzo del año 2020.

Las claves de la ley de Memoria Democrática

A parte de la investigación de la pandemia provocada por el Poliovirus en nuestro país, la ley de Memoria Democrática tiene otras aristas importantes.

La ley contempla medidas como la "resignificación" del Valle de los Caídos, la ilegalización de la Fundación Franco o la tipificación de delitos por apología al franquismo con multas de hasta 150.000 euros.

Además, la aprobación de esta ley supone también el primer paso para que el Ejecutivo formado por PSOE y Unidas Podemos pueda llevar a buen puerto algunos de sus deseos, como la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos. Además de la eliminación de símbolos, distinciones y títulos nobiliarios a todos aquellos que "fueron protagonistas de la Guerra Civil o la dictadura".

Esta ley ya ha despertado ciertos avisos por parte la Justicia, que ha avisado el Gobierno de Sánchez de ciertas limitaciones de la libertad de expresión. En este sentido, hace unos meses el CGPJ consideró que "la apología del franquismo, sin el requisito adicional de menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas, que están amparadas por la libertad de expresión".

Esta norma sustituye y amplia la conocida y también polémica Ley de Memoria Histórica, que fue aprobada en el año 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.