Los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, y el exlíder de ANC Jordi Sànchez han denunciado la "peor condición" que sufren al estar en prisión a diferencia de los procesados que se encuentran huidos, entre ellos Carles Puigdemont, y han solicitado al Tribunal Supremo que plantee una cuestión prejudicial a Europa.

Lo han hecho en el recurso de súplica que su defensa ha presentado ante el Tribunal Supremo para solicitar una vez más su libertad una vez que el pasado 27 de julio la Sala encargada de enjuiciar los hechos se la denegase.

En este nuevo recurso, la defensa, ejercida por Jordi Pina, se pregunta si es compatible con los derechos fundamentales que el juez instructor, Pablo Llarena, retirase "sin motivación alguna" todas las órdenes de detención emitidas contra los procesados fugados cuando "simultáneamente" mantiene en prisión en España a nueve líderes independentistas cuando todos están siendo investigados "exactamente por los mismos hechos y delitos".

Y denuncia que sus defendidos estén "en peor condición" por "el mero hecho de residir en España" cuando Llarena permite "la libre circulación por el resto del globo a los investigados residentes en el Reino Unido y en Suiza" (los únicos países que no llegaron a resolver sobre las euroórdenes).

Por ello, considera que la Sala encargada de enjuiciar los hechos, presidida por el magistrado Manuel Marchena, debe plantear "obligatoriamente" dicha cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En su recurso, la defensa critica que la Sala manifieste una "confianza ciega" en las decisiones de Llarena y echa en falta un "análisis más humano y ponderado de los elementos en juego" para decidir sobre la situación de prisión provisional de los procesados, una medida "extremadamente desproporcionada".

Los magistrados argumentaron que era necesario mantener una "visible distancia" respecto a la calificación jurídica de los hechos realizada por Llarena en tanto que es la Sala que enjuiciará los hechos.

Sin embargo, Pina sostiene que los jueces no valoraron si existen suficientes indicios de que los procesados intervinieron "de forma penalmente relevante" en la comisión de delitos castigados con penas de prisión de dos o más años.

A su juicio, debería haber primado la presunción de inocencia de sus representados "en lugar de presumir la culpabilidad de los investigados".

Por ello, sugiere que sean otros magistrados que no integren la citada Sala los que revisen la "idoneidad" de la prisión provisional durante el periodo comprendido entre el fin de la instrucción y la celebración del juicio.

También critica que la Sala no haya tenido en cuenta razones de índole familiar para decidir sobre la libertad de los procesados (todos tienen hijos menores a su cargo) y niega que exista riesgo de fuga o de reiteración delictiva de ninguno de los tres.

Por todo ello, la defensa de los tres procesados cree que se ha vulnerado su derecho de presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, así como a la vida personal y familiar e insiste en que existen medidas menos gravosas para mantener a los procesados a disposición del a Justicia.