El exconseller de Acción Exterior Raül Romeva se ha desmarcado este miércoles ante la juez de la subvención de 40.000 euros que adjudicó sin concurso a una plataforma de entidades catalanistas, un expediente que afirma se limitó a firmar pero que fue avalada por informes de la Intervención General.

Romeva, indultado desde el pasado mes de junio de la condena de 12 años de cárcel que le impuso el Supremo, ha declarado hoy como investigado ante la titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, que indaga si el Govern malversó fondos públicos en la internacionalización del procés mediante contratos a dedo y arbitrarios.

El exconseller ha acudido a los juzgados arropado por la plana mayor de ERC -además de cargos de la CUP y JxCat-, entre ellos el presidente de la formación, Oriol Junqueras, que ha criticado a los partidos que sin ganar las elecciones se aprovechan de los "amigos" que tienen en los aparatos del Estado para "intentar imponer su voluntad a la ciudadanía".

Concretamente, la juez investiga a Romeva por una subvención directa de 40.000 euros que su departamento otorgó a FOCIR, una entidad que agrupa a distintas entidades dedicadas a la proyección internacional de Cataluña y que venía siendo beneficiaria de ayudas públicas desde hacía años, en la etapa de gobierno de Artur Mas.

La juez cree que Romeva adjudicó la subvención a FOCIR sin que estuvieran justificadas las razones de la no concurrencia pública, pero el exconseller ha aducido que él no entró a valorar si ese tipo de ayudas debía concederse de forma directa.

Según su versión ante la juez, la adjudicación de esa subvención contaba con informes previos de la Intervención General de la Generalitat que la autorizaban y uno posterior de fiscalización que se emitió cuando él ya se encontraba en la cárcel esperando juicio por el procés.

Más allá de esos informes, el exconseller ha precisado que no vio ninguna factura ni documento relacionado con la adjudicación a FOCIR, un expediente que, según ha recalcado la defensa del exconseller, cuenta con una memoria de actividades del año 2016 que detalla el destino final de los fondos públicos.

Junto a Romeva, hoy estaba citado como investigado el exsecretario general de Exteriores Aleix Villatoro -director del Consell Català de l'Esport desde el pasado mes de junio-, pero se ha acogido a su derecho a no declarar alegando que está a la espera de una resolución judicial que atañe a este proceso.

Se trata de una cuestión de competencia que debe resolver la Audiencia de Barcelona después de que la defensa de Villatoro planteara que está procesado por los mismos hechos en el juzgado de instrucción número 13, en la causa contra ex cargos del Govern por los preparativos del 1-O.

Esta nueva investigación deriva de una denuncia que presentó la Fiscalía a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas que detectó que la Generalitat había destinado fondos públicos a actividades que no entran en sus competencias y podrían "perturbar" la dirección de la política exterior española.

Entre los contratos investigados figuran trabajos académicos en materias en principio ajenas al ámbito competencial de la Generalitat, algunos "orientados a contar con estudios para la creación de las estructuras de un nuevo Estado una vez Cataluña alcanzara la independencia", según mantiene la juez en el auto con que, el pasado mes de mayo, abrió la investigación.

Además de Romeva, en la causa están investigados el exsecretario del Diplocat Albert Royo, el exsecretario del Govern Víctor Cullell y el exsecretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat Roger Albinyana, entre otros.