Sostiene que esta nueva doctrina afecta "de pleno" al proceso de reversión de Torrevieja

El grupo Ribera Salud ha valorado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la reversión del departamento de La Ribera, en Alzira, aunque avala ese caso, marca "un antes y un después en los procesos de reversión de las administraciones públicas", ya que "a partir de ahora, se ha definido la doctrina que obligará a todas las administraciones públicas a justificar las repercusiones y efectos financieros y presupuestarios derivados de la decisión de revertir una concesión".

Así lo ha manifestado en un comunicado después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) haya rechazado el recurso del grupo Ribera Salud contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que avaló la reversión del Hospital de Alzira a la sanidad pública aprobado por el primer Consell del Botànic, una decisión que mantiene al considerar que hubo una valoración suficiente de las repercusiones y efectos de la medida. El contrato con la concesionaria del servicio quedó extinguido el 31 de marzo de 2018.

Ribera Salud ha insistido en que se trata de una sentencia "sin precedentes" y "supone una gran garantía de la estabilidad presupuestaria y control del gasto público, ya que impide decisiones administrativas basadas en criterios arbitrarios e ideológicos cuyos efectos económicos negativos deban pagar los ciudadanos", ha señalado en un comunicado.

"A la vez, supone también, una garantía del principio de transparencia en la medida en que los ciudadanos conocerán previamente a su adopción, las consecuencias económicas que van a tener las decisiones de sus gobernantes", ha valorado.

TORREVIEJA

En ese sentido, el grupo sanitario cree que "esta nueva doctrina afecta de pleno al proceso de reversión de Torrevieja porque pone de manifiesto que el modelo de reversión iniciado por la Generalitat se ha hecho de forma improvisada y sin consenso, y ahora además, según el Tribunal Supremo, de manera ilegal, ya que en este caso tampoco se han justificado las repercusiones y efectos financieros y presupuestarios de la decisión".

Por ello, ha valorado "positivamente este punto de inflexión que supone la necesidad de justificar las reversiones por encima de las decisiones políticas y arbitrarias". Además, ha expresado su "voluntad de diálogo y consenso con la Generalitat para priorizar la salud de los ciudadanos y la atención a los pacientes frente al dogmatismo ideológico".

El grupo sanitario ha destacado que, en el caso del hospital de Alzira, a pesar de que el TS no anule la no prórroga del contrato porque "no se puede descartar que no se hubiera hecho una valoración de dichas repercusiones", "dos de los magistrados del Tribunal Supremo han manifestado un voto particular en contra de esta decisión".

"Desde Ribera seguiremos defendiendo la salud y el bienestar de todos los ciudadanos españoles y de todos los países donde participamos en proyectos sanitarios, a través de un modelo de gestión de la sanidad moderno e innovador, que apueste por la colaboración público privada; un modelo que es un referente a nivel internacional, tal y como lo avalan numerosos informes y auditorías oficiales independientes como las de la propia Sindicatura de Comptes de la Generalitat", ha concluido.