El expresidente de Nuevas Generaciones del PPCV José Luis Bayo ha entregado hoy en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) 10.000 firmas para reclamar la libertad del expresident valenciano Eduardo Zaplana, y ha avanzado que estudian presentar una querella contra la jueza que le mantiene en prisión.

En declaraciones a los medios en la puerta del CGPJ, Bayo ha avanzado que se está valorando la posibilidad de interponer una querella por prevaricación contra la jueza de Instrucción que investiga la causa por la que se mantiene preso a Eduardo Zaplana, enfermo de leucemia, por encontrarse en "riesgo de perder la vida".

Ha explicado que la posibilidad de querellarse contra la jueza que investiga la causa de Zaplana es una propuesta que les ha trasladado el exdiputado y exsenador del PP Jaime Ignacio del Burgo, y que ahora se "está tomando en consideración".

Bayo ha subrayado que se continuará con la recogida de firmas y con otras acciones para reclamar la libertad del exministro y la adopción de "otras medidas cautelares menos gravosas y menos denigrantes".

Aunque ha insistido en que se "respetará y se acatará" lo que decida la justicia, ha pedido que el Poder Judicial tenga "caridad cristiana, humanidad y un atisbo de sensatez" a la hora de decidir sobre este caso: "Estoy pidiendo libertad por cuestiones humanitarias", ha reiterado Bayo.

Por otro lado, ha criticado que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya "modificado los protocolos de doce presos de ETA" permitiendo su acercamiento al País Vasco pero sitúe a Zaplana como "el responsable del Armagedon".

En el auto de prisión del pasado 22 de mayo, la jueza acusó a Zaplana de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.

Ayer mismo, fuentes de la investigación avanzaron que la Fiscalía Anticorrupción no modificará su posición respecto a la prisión provisional para Zaplana al menos hasta concluir las diligencias de investigación que está desarrollando.

En el caso Erial, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.