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La resaca política y judicial del 1-O enquista el debate soberanista catalán

Las consecuencias políticas y judiciales del 1-O, como el encarcelamiento de sus líderes a la espera de juicio y el pulso lanzado por el expresident Carles Puigdemont desde Waterloo, han enquistado el conflicto catalán y condicionan las posibilidades de diálogo con el Gobierno español.,El año que arrancó con el nuevo escenario, derivado de las elecciones de 21 de diciembre de 2017 y con el gobierno catalán intervenido por el artículo 155 tras la frustrada

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 4'Actualizado 13:22

Leandro Lamor

Las consecuencias políticas y judiciales del 1-O, como el encarcelamiento de sus líderes a la espera de juicio y el pulso lanzado por el expresident Carles Puigdemont desde Waterloo, han enquistado el conflicto catalán y condicionan las posibilidades de diálogo con el Gobierno español.

El año que arrancó con el nuevo escenario, derivado de las elecciones de 21 de diciembre de 2017 y con el gobierno catalán intervenido por el artículo 155 tras la frustrada declaración de independencia del Parlament, ha evolucionado con permanentes giros políticos y judiciales y más decibelios de escalada verbal.

Este incremento de la tensión se pondrá a prueba el próximo día 21, con la reunión de un consejo de ministros en Barcelona, que desde la Generalitat se ha calificado de "provocación" y con la posibilidad de incidentes ante el anuncio de protestas por parte de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR).

No obstante, y pese a varios días de desencuentros explícitos entre Moncloa y Palau, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a ofrecer reunirse ese mismo día con el de la Generalitat, Quim Torra, para "retomar la senda del diálogo constructivo que debe cimentar la relación" entre ambos gobiernos.

El desafío independentista ha condicionado y condiciona el curso político catalán de 2018 y buena parte del español, que ha vivido un cambio de inquilino en La Moncloa con la llegada del socialista Pedro Sánchez tras una moción de censura al popular Mariano Rajoy apoyada, entre otros partidos, por ERC y el PDeCAT.

Pese al cambio de interlocución en el gobierno español, que arrancó con una oferta de diálogo al ejecutivo de Torra y una reunión en julio entre ambos presidentes, a día de hoy hay dos factores que condicionan este escenario: el activismo de Puigdemont desde Bélgica y la prisión preventiva de políticos pendientes del juicio al "procés", previsto a principios de 2019.

Ambos factores enquistan la actividad parlamentaria catalana y cualquier atisbo de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno de Sánchez que, a su vez, recibe una constante presión del PP y Cs para que aplique de nuevo el mecanismo constitucional del 155.

En mitad de esta marejada ha emergido, como cuestión novedosa y relevante, un desencuentro táctico en el bloque independentista entre ERC y el entorno de Puigdemont sobre la estrategia a seguir ante la oferta de diálogo del PSOE y el calendario electoral de 2019, donde ERC se resiste a una lista unitaria.

Se traban así los temas clave: desde la formación del gobierno catalán, que no vio la luz hasta mayo con la investidura de Quim Torra tras haberse frustrado la del propio Puigdemont, Jordi Sánchez (Òmnium) o la de Jordi Turull (PDeCAT), hasta los presupuestos del Estado, que los independentistas no apoyan por la prisión preventiva de sus líderes, así como los propios presupuestos catalanes.

La oferta de diálogo del Gobierno ha encontrado mayor receptividad en ERC que en el entorno de Torra y Puigdemont, quien protagonizó una odisea policial y judicial, con su detención en marzo en Alemania y su regreso a Bélgica tras quedar en libertad por la justicia alemana, que, a diferencia de la española, no apreció delito de rebelión en su actuación.

Desde Waterloo, convertida en capital emocional del independentismo, Puigdemont ha lanzado dos iniciativas para regresar a la casilla de salida del 1-O: el llamado Consell de la República como ente institucional y la Crida como instrumento político.

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Ambas iniciativas no sólo están poniendo a prueba la vía de diálogo con Sánchez, sino también tensan la unidad independentista con una ERC que ha decidido no jugar al dictado de Puigdemont.

En este pulso soterrado, son relevantes los equilibrios del presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC) por no vulnerar la legalidad ante las proposiciones de la bancada de Junts per Sí, los silencios administrados de Junqueras ante las proclamas de Puigdemont o que los presos de ERC no hagan la huelga de hambre que mantienen desde este mes los presos más próximos al expresident.

En cuanto a La Crida, inspirada en el Scottish National Party escocés, genera no pocos recelos en una parte del PDeCAT que teme ser "engullida" por este movimiento, lo que llevó a la renuncia en julio de Marta Pascal a liderar el partido sucesor de Convergència.

Tras gestos del Gobierno del PSOE como el acercamiento de los presos o la retirada de recursos al Constitucional como el de la ley catalana de asistencia, la evolución del proceso judicial y la cercanía del juicio han enrarecido el diálogo entre ambas partes.

Uno de los puntos marcados en rojo de este escenario fue la publicación en noviembre de las peticiones de pena de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado a los líderes del "procés", como la de 25 años de cárcel para el exvicepresidente Oriol Junqueras por un delito de rebelión y malversación de caudales.

La escalada de la tensión política y social al conocerse estas peticiones ya tuvo otros momentos delicados como, entre otros, los altercados en verano entre grupos que colocaban lazos amarillos en solidaridad con los políticos presos y quienes los retiraban o el escrache en julio al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Y el último de estos avisos de cortocircuito ha sido la reacción del Govern a la celebración el próximo día 21 de un consejo de ministros en Barcelona.

Lo que en su momento Pedro Sánchez anunció como un gesto de distensión hacia Cataluña, se ha convertido, desde la perspectiva del Govern, en una "provocación", lo que, junto con las recientes apelaciones a la "vía eslovena" de Torra -matizadas después por su propio gobierno- han vuelto a convertir en un potencial campo de minas el ya tenso escenario político y social catalán.

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