El Tribunal Supremo de Colombia ha enviado este miércoles al Tribunal Superior de Bogotá el acto de desacato en el que habría incurrido el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, al no disculparse en público por los excesos cometidos por la Policía durante las protestas del 9 y 10 de septiembre, tal y como dictaba el fallo judicial.

El acto de desacato fue presentado ante el Supremo por un colectivo de abogados, que junto con otra serie de organizaciones ganó una acción de tutela que sirvió para que el Supremo dictase el fallo judicial que obligaba al ministro de Defensa a pedir disculpas públicas en menos de 48 horas por las "sistemáticas agresiones" cometidas por las tropas del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) durante las últimas manifestaciones.

La muerte del estudiante de Derecho, de 42 años, desató jornadas de movilizaciones masivas en varias ciudades del país, que provocaron disturbios y enfrentamientos violentos con la Policía. Al menos una decena de personas murieron, más de 300 resultaron heridos y se registraron un centenar de denuncias contra la labor de los agentes solo en Bogotá.

Por su parte, el ministro Holmes Trujillo defendió la semana pasada que el 11 de septiembre ya pidió disculpas por la violencia policial registrada durante las protestas, aunque varios juristas han cuestionado este movimiento, pues el fallo se produjo el día 22.

"En cumplimiento con la sentencia del 22 de septiembre el Ministerio de Defensa se permite reiterar a la opinión pública que el 11 de septiembre de 2020 (...), en un acto espontáneo, sincero, transparente y respetuoso y ampliamente difundido, la Policía Nacional pidió perdón por cualquier violación de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de sus miembros", expuso la cartera que dirige Holmes Trujillo.

La muerte de Ordóñez ha levantado una ola de indignación, no solamente en las calles, sino también en algunos despachos de la política colombiana, que han solicitado al Gobierno del presidente, Iván Duque, una revisión y reforma de los Cuerpos del Estado, hasta el momento militarizados y por tanto dependientes del Ministerio de Defensa y fuera del alcance del escrutinio civil.