Más de 2,6 millones de ciudadanos solicitaron en 2019 el certificado de delitos sexuales, exigido para poder trabajar con menores, y en 651 casos (0,02 %) el resultado fue positivo, con lo que se impidió a esas personas acceder a un empleo o una actividad que implicara contacto habitual con niños.

Según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Justicia, a pesar del parón de la actividad ocasionado por la pandemia, entre enero y mayo de este año se han expedido un total de 704.783 certificados. Los positivos, apuntan a Efe fuentes de Justicia, se sitúan también en el entorno del 0,03 %, porcentaje similar al registrado en 2018.

El Ministerio recuerda en un comunicado que el certificado es un documento gratuito, expedido por vía telemática o presencial, y permite acreditar que se carece de antecedentes de delitos de naturaleza sexual para poder trabajar en actividades que impliquen un contacto habitual con menores: campamentos, piscinas, academias, rodajes, etc.

El año pasado se solicitaron en concreto 2.679.931 certificados, el 85 % vía telemática.

En el Registro Central de Delincuentes Sexuales se incluyen los datos de la identidad y del perfil genético de las personas condenadas mediante sentencia firme por los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la pornografía.

Su objetivo, destaca Justicia, es evitar que los condenados puedan realizar actividades o ejercer profesiones u oficios en contacto con menores. EFE