Agentes de la policía judicial se han personado esta mañana en dependencias del Ayuntamiento de Oviedo para recabar documentación relacionada con la macrooperación abierta en varios consistorios españoles por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico.

Fuentes municipales han informado a Efe de que los agentes se han personado en el área de Seguridad Ciudadana, en las instalaciones ubicadas en el Rubín, y en la de Contratación, en la casa Consistorial.

Están colaborando con los agentes el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, y el de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, que estos días es el responsable en funciones del área de Contratación.

Fuentes del Ayuntamiento han remarcado que ninguna de las empresas que supuestamente están relacionadas con los posibles amaños es la actual adjudicataria del contrato de semáforos de la capital asturiana.

La macrooperación de la Policía Nacional se desarrolla en numerosos ayuntamientos de Madrid, Cataluña, Asturias y Castilla y León, y se prevén unas sesenta detenciones entre cargos técnicos municipales, y otros tantos registros, por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico y gestión de multas.

La UDEF de la Policía Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción desarrollan esta operación, han informado a Efe fuentes de la investigación.

Se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Se trata de la Operación Enredadera que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) que ha declarado secretas las actuaciones.

Además, fuentes cercanas a las investigaciones han explicado que las pesquisas se iniciaron en este juzgado y se extendieron después a municipios de otras provincias españolas, en relación con una trama que presuntamente manipuló licitaciones en ayuntamientos para adjudicar aplicaciones informáticas de gestión del tráfico rodado.

En el centro de esta trama estaría la empresa Aplicaciones Gespol, perteneciente al Grupo Sacyr, que comercializa productos para la regulación del tráfico que pueden detectar las infracciones de los vehículos en los semáforos, según las mismas fuentes, que han adelantado que se prevé la detención diversos cargos técnicos de los consistorios investigados, aunque no de cargos electos.

En Cataluña, la operación se centra en los ayuntamientos barceloneses de Mollet del Vallès y Tiana, y en el de Lleida, mientras que agentes han acudido al de Torrelodones, en la Comunidad de Madrid, según ha podido confirmar Efe.