El portavoz de la red de apoyo a los presos de ETA Sare, Joseba Azkarraga, ha sostenido hoy que el Gobierno "debe quitarse de encima la tutela del PP" porque este partido "no puede dictarle constantemente la política penitenciaria".

Azkarraga, en declaraciones a los medios de comunicación en Vitoria, se ha referido a los diferentes posicionamientos hechos por partidos y organizaciones de víctimas tras el traslado de dos presos de ETA de la cárcel de Asturias a la de Basauri (Bizkaia).

Ha denunciado las "declaraciones cruzadas y contradictorias" hechas sobre este caso desde dentro del propio Gobierno socialista y ha insistido en descalificar las críticas del PP cuando fue el primer Gobierno de José María Aznar "el que trasladó a cárceles vascas a más de 200 presos".

El también exconsejero e Justicia del Gobierno Vasco ha reconocido que comparten con el Ejecutivo la conveniencia de informar a las víctimas de lo que se "pueda ir haciendo" en esta materia, pero "sin caer en el error de pensar que la política penitenciaria la tiene que dictar las asociaciones de víctimas, ni mucho menos el PP".

Azkarraga, que ha valorado la "respuesta" de las principales asociaciones de víctimas a las críticas del PP al traslado de estos dos presos, ha censurado la "ceremonia de la confusión" que, a su juicio, ha rodeado este traslado.

Ha recordado que hace unas semanas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del que ha recordado que es "juez en excedencia", "por fin" manifestó que el "fin del alejamiento no supone un beneficio penitenciario, sino el cumplimiento de la normativa penitenciaria", pero que posteriormente el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, "vino a decir que el que quiera ser trasladado a prisiones cercanas a su domicilio se tendrá que arrepentir, pedir perdón y colaborar con la justicia".

Azkarraga ha añadido que Loza pidió además "algo tan rocambolesco como que tendrán que romper con ETA, cuando la inexistencia de la propia organización no da sentido a este tipo de manifestaciones".

"El fin de la política de alejamiento no puede estar sujeto a ninguna exigencia, a ninguna contrapartida que no esté recogida ni en las leyes ni en los reglamentos penitenciarios", ha insistido.

Por último, ha reclamado que el cumplimiento de la legislación penitenciaria no sea un "elemento de confrontación política" y que el Gobierno deje de hacer declaraciones al respecto y realmente "comience a aplicar el fin de la política de alejamiento a la que el presidente se comprometió".