El ciudadano ruso Sergei Vladimirovich Tarasov, reclamado en su país por apropiarse del patrimonio inmobiliario de su jefe, que acabó asesinado, se ha declarado en la Audiencia Nacional "completamente inocente" y ha denunciado estar siendo usado como instrumento para conseguir objetivos políticos.

Por temor a no tener un juicio justo y a sufrir vulneración de derechos humanos, Tarasov, en prisión preventiva desde diciembre, se ha opuesto este jueves a ser entregado a Rusia en la vista de extradición que ha celebrado la Audiencia.

Su defensa, que ha alegado que del proceso judicial por el que se le reclama subyace una "intención claramente política", se ha encontrado con la oposición de la Fiscalía, que sí apoya la entrega al negar que se trate de ninguna persecución política o ideológica.

"Los hechos son reales", ha indicado el fiscal, que ha relatado que el procedimiento de Rusia -en el que él figura como "coimputado"- se inicia "porque hay un vaciamiento patrimonial" del empresario para el que trabajaba "gracias a su intervención".

Además, la Fiscalía entiende que no se pueden aplicar los motivos por los que un tribunal británico y otro italiano rechazaron las entregas de otros dos implicados en la trama.

Rusia reclama a Tarasov por formar parte, presuntamente, de "un grupo criminal" que se apropió fraudulentamente del millonario patrimonio inmobiliario del empresario ruso para el que este trabajaba desde 2007, quien tenía sus bienes en forma de esquema piramidal.

El reclamado dirigía cuatro sociedades de esa estructura, que a su vez eran propietarias de otras 18, tenedoras de 21 inmuebles valorados en 9.000 millones de rublos (99 millones de euros).

Según la petición de extradición, ese "grupo criminal" falsificó documentos que simularon la ampliación de capital" de esas 18 sociedades en 2013 y logró "fraudulentamente la toma de control por parte de otras mercantiles dominadas por el reclamado y el resto de la organización".

Después, se cambió al director general de todas las sociedades y su jefe perdió el control de las mismas y de todo su patrimonio inmobiliario. Al percatarse, quiso emprender acciones legales pero fue asesinado el 22 de enero de 2014.

En la vista, Tarasov ha manifestado su temor por ser acusado en Rusia del homicidio de su jefe de forma injusta cuando fue él quien lo denunció. Tras este crimen, ha dicho, un compañero suyo fue asesinado, de modo que en septiembre de 2015 se vio obligado a escapar al estar perseguido por la mafia y verse sin apoyo de la Policía o de la Justicia de su país.

A preguntas de su defensa también ha denunciado que sufrió un ataque con arma de fuego en 2014 y que recibió una paliza en otra ocasión.