La Audiencia de Pontevedra ha rechazado la petición de las defensas de los acusados en el juicio a la presunta secta de los 'Miguelianos', que proseguirá mañana con las declaraciones de los encausados, entre ellos el supuesto líder, Miguel Rosendo, para quien la Fiscalía pide 66 años de cárcel.

El tribunal ha decidido que las cuestiones relativas a la vulneración de derechos fundamentales alegada por el abogado de Miguel Rosendo, Marcos García Montes, se resuelvan en sentencia.

Este letrado denunció que el tribunal "quería obligar" a su cliente a nombrar a otro abogado ante los problemas de salud que padece tras sufrir un infarto ventricular, algo que "viola los derechos fundamentales".

Adicionalmente, la Audiencia ha resuelto que la acusación particular no está legitimada para ejercer dicha acción en lo que al delito de blanqueo de capitales se refiere.

Los abogados de la defensa habían solicitado la expulsión de la acusación particular de esta causa ante la "monstruosidad" y el "abuso de derecho" que supone representar a personas "que son mayores y son capaces".

Los representantes legales de los acusados habían solicitado también la suspensión del juicio porque el volcado de la información que contenían los ordenadores incautados en esta operación se ha hecho "tarde y mal", por lo que estos no han tenido acceso a la misma.

Mientras, la abogada de la acusación particular, Ana Reguera, ha lamentado que las defensas "a toda costa" intenten que el juicio "no comience hoy" y se dediquen a "boicotear" el proceso y recurrir "toda cuanta resolución dicta el tribunal".

Esta conducta, ha denunciado Reguera, se debe a que el 12 de diciembre, la fecha en la que se cumplen cuatro años desde que el principal acusado, Miguel Rosendo, lleva en prisión provisional "está más o menos cerca", por lo que saldría en libertad hasta la celebración del juicio.

La ciudad de Pontevedra es el escenario desde hoy de la mediática vista contra el presunto líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, Feliciano Miguel Rosendo da Silva, para quien el fiscal pide 66 años de cárcel, y otras seis personas relacionadas con los "Miguelianos", entre ellas dos pseudomonjas o "consagradas".