(Actualiza la NA5243 con más detalles de la sentencia)

El Tribunal Supremo ha rebajado las penas impuestas a cuatro de los condenados por la trama corrupta del caso Marea, incluido el exconsejero socialista de Educación del Principado de Asturias José Luis Iglesias Riopedre, aunque mantiene los nueve años de cárcel para la funcionaria Marta Renedo.

La Sala de lo Penal ha considerado acreditado que en este caso, la mayor trama de corrupción juzgada hasta la fecha en el Principado, "quedó sustancialmente corrompido el procedimiento de adjudicación de contratos de suministro y de obras en varias Consejerías del Principado".

Sin embargo, el tribunal ha rebajado algunas penas al estimar el concurso medial de algunos delitos y por vulneración de la presunción de inocencia en los casos en los que no fueron citados ante la Audiencia Provincial de Oviedo testigos directos de los hechos.

La pena más elevada es para la exfuncionaria Marta Renedo, para la que se mantiene la condena de nueve años de prisión.

El exconsejero Iglesias Riopedre ha visto reducida su condena de seis años a cinco años y dos meses de cárcel, mientras que a su número dos en el departamento, la ex directora general María Jesús Otero, ha visto reducida su pena de diez años a cinco años y dos meses.

Al empresario Víctor Manuel Muñiz Menéndez, propietario de Igrafo, se le reduce la pena de seis años y medio a cinco años y cinco meses, y al empresario Alfonso Carlos Sánchez se le rebaja de los seis años y medio a dos años y ocho meses de prisión.

El alto tribunal ha declarado probado que los empresarios Muñiz y Sánchez proporcionaron dádivas a María Jesús Otero y Marta Renedo a cambio de adjudicaciones en suministros de equipamientos, material y obras para las Consejerías por valor superior a dos millones de euros.

A través de este procedimiento, se acabó implantando un sistema mediante el que se corrompió la objetividad e imparcialidad en la adjudicación de los contratos de la administración pública ya que, en unos casos, los funcionarios condenados que percibían las dádivas adjudicaban con asiduidad los contratos de prestación a sus empresas.

En otras ocasiones, los funcionarios condenados consintieron que los empresarios no entregaran, total o parcialmente, el material y la mercancía que había adquirido el Principado, de tal forma que éste abonaba las facturas y no recibía a cambio el suministro comprado o la obra estipulada, por lo que los empresarios invertían una parte del dinero retenido o no entregado en dádivas y se quedaban con la otra parte.

La Sala ha estimado parcialmente los recursos de casación de algunas de las defensas al considerar que la Audiencia Provincial basó el grueso de la prueba de cargo sobre la falta de entrega de material en varios centros de enseñanza y en las declaraciones de los policías que acudieron a los institutos que, según el Supremo, eran testigos "referenciales".

Sin embargo, no tuvo en cuenta las declaraciones de los directores de los centros, secretarios y otro personal docente que, en opinión del alto tribunal, eran los testigos directos de los hechos investigados y, por tanto, eran "cruciales e imprescindibles".

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Las primeras irregularidades del "caso Marea" fueron detectadas a principios de 2010 en la adjudicación de contratos, si bien el alto tribunal estima que empezaron a producirse en 2003 en el ámbito de las consejerías de Asuntos Sociales, Cultura, Administraciones Públicas y Educación.

La alta funcionaria del Principado fue detenida en enero de 2011 junto a Iglesias Riopedre, que dimitió cinco meses antes de su cargo de consejero alegando motivos de salud tras formar parte de los sucesivos gobiernos de Vicente Álvarez Areces, y María Jesús Otero.

Este juicio dio lugar a la apertura de una nueva causa tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía después de que el Principado remitiera un informe sobre supuestas irregularidades en el material enviado a 87 colegios que elevaba en cuatro millones de euros el presunto fraude cometido por Riopedre, Otero, Muñiz y Sánchez.