El Tribunal Supremo ha rebajado las penas impuestas a cuatro de los cinco condenados por la trama corrupta del caso Marea, incluido el exconsejero socialista de Educación del Principado de Asturias José Luis Iglesias Riopedre, aunque mantiene los nueve años de cárcel para la funcionaria Marta Renedo.

La Sala de lo Penal ha considerado acreditado que "quedó sustancialmente corrompido el procedimiento de adjudicación de contratos de suministro y de obras en varias Consejerías del Principado".

Sin embargo, el tribunal ha rebajado algunas penas al estimar el concurso medial de algunos delitos y por vulneración de la presunción de inocencia en los casos en los que no fueron citados ante la Audiencia Provincial de Oviedo testigos directos de los hechos.

La pena más elevada es para la exfuncionaria Marta Renedo, para la que se mantiene la condena de nueve años de prisión.

El exconsejero Iglesias Riopedre ha visto reducida su condena de seis años a cinco años y dos meses de cárcel, mientras que a su número dos en el departamento, la ex directora general María Jesús Otero, ha visto reducida su pena de diez años a cinco años y dos meses.

Al empresario Víctor Manuel Muñiz Menéndez, propietario de Igrafo, se le reduce la pena de seis años y medio a cinco años y cinco meses, y al empresario Alfonso Carlos Sánchez se le rebaja de los seis años y medio a dos años y ocho meses de prisión.

Las primeras irregularidades del caso Marea, la mayor trama de corrupción juzgada hasta la fecha en el Principado, fueron detectadas a principios de 2010 en la adjudicación de contratos.

La alta funcionaria del Principado fue detenida en enero de 2011 junto a Iglesias Riopedre, que dimitió cinco meses antes de su cargo de consejero alegando motivos de salud tras formar parte de los sucesivos gobiernos de Vicente Álvarez Areces, y María Jesús Otero.

Este juicio dio lugar a la apertura de una nueva causa tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía después de que el Principado remitiera un informe sobre supuestas irregularidades en el material enviado a 87 colegios que elevaba en cuatro millones de euros el presunto fraude cometido por Riopedre, Otero, Muñiz y Sánchez.